El MNP presentó su Informe Anual de Gestión 2025, en el que expone los principales avances institucionales, hallazgos en terreno y desafíos persistentes en la protección de los derechos humanos de personas privadas o afectadas en su libertad en Paraguay, según destacan.
Durante el año el mecanismo realizaró 151 visitas de monitoreo y emitió 101 informes, lo que consideran consolida su presencia en distintos ámbitos de encierro y amplia su intervención hacia espacios no tradicionales, como casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, hogares de adultos mayores y dispositivos de salud mental.
En el informe advierte situaciones críticas, especialmente en el sistema penitenciario.
La población privada de libertad supera las 18.000 personas, con niveles extremos de hacinamiento que alcanzan hasta el 1.228% en algunos establecimientos, y con un 52% de personas en prisión preventiva, lo que evidencia un uso extendido de esta medida, pese a los compromisos de reducción de este tipo de medida cautelar.
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Vulnerabilidad de personas privadas de libertad
También alerta sobre patrones estructurales de vulnerabilidad, siendo que el 60,2% de las personas privadas de libertad no cuenta con condena, mientras que adolescentes y mujeres presentan condiciones particulares de exclusión, vinculadas a pobreza, consumo problemático de sustancias y trayectorias marcadas por violencia.
Destaca preocupaciones como la prolongada permanencia de niños, niñas y adolescentes en sistemas de cuidado alternativo, el crecimiento de la institucionalización de personas adultas mayores en contextos con débil regulación, y la persistencia de modelos asilares en salud mental, con limitaciones para avanzar hacia enfoques comunitarios.
El MNP reafirma que la prevención de la tortura requiere una acción estatal integral, sostenida y basada en evidencia, así como una transformación de prácticas estructurales que reproducen lógicas de exclusión, castigo y vulneración de derechos.
En ese sentido, el informe se presenta no solo como un ejercicio de rendición de cuentas, sino como una herramienta de incidencia para promover políticas públicas que garanticen la dignidad humana en todos los contextos de encierro.