Trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza SA (Clyfsa) realizaron una marcha en la ciudad de Villarrica para solicitar apoyo institucional y político frente al conflicto que la firma mantiene con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), tras un fallo judicial en segunda instancia que la obliga a pagar más de G. 65.000 millones por diferencias tarifarias acumuladas.
La manifestación se desarrolló este jueves con una marcha que inició en la sede de la empresa, continuó frente al Palacio de Justicia, se extendió hasta la Gobernación del Guairá y culminó en el Palacete Municipal.
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Durante la protesta, los trabajadores expresaron su preocupación ante el riesgo de quiebra de la empresa y la posible pérdida de cientos de puestos laborales. Reclamaron la intervención de autoridades departamentales y municipales en medio de la incertidumbre que atraviesa la compañía, encargada de distribuir energía eléctrica en la capital guaireña.
Nidia Portillo, funcionaria de la empresa, señaló que, si bien la resolución final está en manos de la Corte Suprema de Justicia, también consideran clave el respaldo de los representantes políticos locales. La trabajadora advirtió que la situación no solo afecta a los empleados directos, sino también a miles de familias que dependen indirectamente de la actividad de la firma.
Según datos expuestos durante la movilización, Clyfsa genera más de 200 empleos directos y alrededor de 1.700 indirectos, además de prestar servicio a unos 18.000 usuarios en Villarrica.
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El intendente municipal, Magín Benítez (PLRA), recibió a los manifestantes y manifestó su respaldo a la empresa, afirmando que ha sido objeto de una “persecución sostenida”. Asimismo, recordó que en 2013 la Municipalidad renovó el contrato con la compañía por un periodo de 20 años, por lo que exigió que dicho acuerdo sea respetado.
Por su parte, el gobernador del Guairá, César Sosa (ANR-HC), no se encontraba en la sede departamental, pero la comitiva fue atendida por el presidente de la Junta Departamental, Rubén “Pilo” Fanego (ANR-HC), quien se comprometió a mediar ante instancias nacionales.
Origen del conflicto
El conflicto entre Clyfsa y la ANDE se remonta al año 2017, cuando se modificó el esquema tarifario vigente para la compra de energía.
Desde la empresa sostienen que ese cambio implicó un incremento del 94 % en el costo de adquisición, lo que generó un fuerte desequilibrio financiero. Ante esa situación, la firma promovió un recurso de amparo que permitió congelar las tarifas, argumentando que el nuevo esquema era insostenible.
Además, denuncian que la ANDE recategorizó a la empresa como consumidora de alta tensión, pese a que su función histórica es la de distribuidora, lo que agravó aún más su situación económica.
El caso avanzó en instancias judiciales y, aunque en primera instancia no se reconoció la deuda, un fallo del Tribunal de Apelación habilitó el cobro de las diferencias tarifarias acumuladas. Esta resolución llevó a la empresa a recurrir ante la Corte Suprema de Justicia, donde actualmente se encuentra en análisis.