La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió no confirmar a la fiscala María Angélica Acosta Bjasso, quien actualmente está asignada a la unidad fiscal de Villa Elisa. La decisión fue adoptada en la sesión plenaria de hoy, durante la cual el presidente Alberto Martínez Simón se refirió a la escandalosa situación de la agente fiscal, quien actualmente afronta juicio oral y público por supuesto cohecho pasivo agravado (coima).
La terna uninominal que propone la continuidad de María Angélica Acosta Bjasso como agente fiscal de San Lorenzo fue descartada por el pleno de la Corte Suprema, que resolvió comunicar su decisión al Consejo de la Magistratura (CM), al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público (MP).
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En su exposición, Martínez Simón explicó que antes de tomar la decisión, los ministros se interiorizaron en los antecedentes obrantes en el expediente tramitado ante el Jurado y también en sede penal, donde actualmente se encuentra en pleno desarrollo el juicio oral y público.
Argumento del presidente de la Corte Suprema de Justicia
“Hemos estudiado los autos, tanto administrativos del JEM como los autos penales que se han abierto al respecto de esta causa a la cual tuvimos acceso para decidir esta propuesta y encontramos elementos suficientes que no guardan ninguna vinculación con la presunción de inocencia y lo que resuelva el Tribunal de Sentencia, pero que son suficientes para proponer la no confirmación de la fiscal María Angélica Acosta Bjasso”, explicó Martínez Simón.
“Hay conductas desarrolladas en el expediente, claramente demostradas en el expediente, que en la eventualidad de que no se la sancione con una pena del carácter del fuero penal, de todos modos constituirían conductas irregulares que aconsejan la no confirmación de una fiscal que recibe en su domicilio a una persona vinculada también a la misma causa y sobre la cual hay constancias inequívocas en el expediente”, agregó el presidente de la Corte, al argumentar su decisión.
La propuesta de Martínez Simón fue acompañada por los ministros Víctor Ríos, Gustavo Santander, María Carolina Llanes, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Luis María Benítez Riera y César Garay.
Juicio a fiscala, exjueza y abogado por supuesta coima, en pleno desarrollo
La acusación con relación a este caso refiere que entre julio y agosto de 2019, el entonces juez penal de Garantías Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta, ambos de Alberdi, habrían solicitado y recibido sumas de dinero, a través del abogado Luis Gustavo Méndez Vera con el fin de favorecer a un procesado por coacción sexual y violación con medidas menos gravosas a la prisión.
Según la acusación, Méndez propuso al denunciante el pago de G. 40 millones, para entregar G. 20 millones a la madre de la víctima, G. 10 millones a la fiscala Acosta y los G. 10 millones restantes al juez. Méndez y Acosta fueron aprehendidos en una entrega vigilada realizada en agosto del 2019.
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El juicio, iniciado el 21 de octubre de 2025, está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres.
Como consecuencia de su proceso penal, que se inició en el año 2019, Acosta fue suspendida en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia.
El 2 de octubre del año pasado, Méndez fue nuevamente detenido durante una entrega vigilada de G. 20 millones, dinero que habría solicitado para un agente fiscal a cambio de medidas sustitutivas para un procesado por abuso sexual en niños en Alberdi.
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Por este caso, Méndez afronta un segundo proceso por supuesto tráfico de influencias, en el que también fue incluido el fiscal de Alberdi Rubén Riveros, este último por supuesto cohecho pasivo agravado.
