El juicio oral y público contra el argentino Juan Ignacio Marcillo, exgerente de la empresa de criptominería Bitfarms, fue suspendido hoy por tercera vez consecutiva. La diligencia judicial no pudo iniciar debido a la utilización de recursos dilatorios por parte del acusado, quien nuevamente se presentó sin su equipo jurídico titular ante el Tribunal de Sentencia.
En esta ocasión, los defensores de Marcillo alegaron una superposición con otra audiencia notificada anteriormente. Ante esta situación, el tribunal declaró desierta la defensa técnica. Inmediatamente después, asumió un nuevo abogado defensor, quien solicitó la postergación del juicio bajo el argumento de que necesitaba tiempo para analizar el expediente.
Aunque el Tribunal de Sentencia rechazó otorgar un plazo prolongado, la audiencia fue reprogramada para este jueves a las 07:30. Esta maniobra es idéntica a la utilizada semanas atrás, cuando el cambio de abogados a última hora también forzó la suspensión del proceso.
La agente fiscal de Medio Ambiente, Jadiyi Ortiz, sostiene la acusación contra Marcillo por la comisión del hecho punible de contaminación del aire y emisión de ruidos dañinos, según el artículo 198 del Código Penal. La Fiscalía solicita una condena de hasta 10 años de privación de libertad debido al impacto masivo de la actividad industrial en una zona residencial.
Según la investigación fiscal, la planta de Bitfarms operó de manera irregular entre junio y noviembre de 2024. Durante esos seis meses, el funcionamiento de más de 14.000 máquinas minadoras de datos generó ruidos constantes que afectaron la salud de los habitantes del barrio Santa Lucía.
La fiscal Ortiz confirmó que existen dos actas de mediciones técnicas que demuestran que los niveles de ruido superaron los límites permitidos para la salud humana. Estas pruebas, junto con testimonios de los vecinos afectados, son los pilares de la acusación.
Lea más: Histórico juicio por polución sonora contra exgerente de criptominera en Villarrica se dilata
Los denunciantes, pobladores de la zona, reportaron casos de insomnio, cuadros de estrés y ansiedad debido al zumbido ininterrumpido de los potentes ventiladores de la planta. Además, la acusación incluye reclamos por daños en las estructuras de las viviendas cercanas, presuntamente causados por las vibraciones de los equipos.
El caso es el primero en Paraguay donde se procesa penalmente a un directivo del sector de las criptomonedas por delitos ambientales. La empresa Bitfarms se instaló en una zona de categoría industrial de Villarrica, pero rodeada de viviendas. Posteriormente, una ordenanza municipal la recategoriza como mixta (entre urbana e industrial).
La postergación genera malestar entre los vecinos, quienes consideran que el sistema judicial está siendo permisivo con las tácticas de la defensa. El proceso ya sufrió una demora inicial en diciembre de 2024 y otra el pasado 7 de abril, la primera por una superposición de juicios, tanto de la unidad fiscal como del Tribunal de Sentencia, luego por motivos relacionados con la agenda de los abogados o cambios en la representación del acusado.
Lea más: Vecinos de Villarrica esperan sentar precedente con juicio contra criptominera
La expectativa ciudadana es que el tribunal no admita nuevos incidentes este jueves. De confirmarse una nueva suspensión, el caso sentaría un precedente negativo sobre la capacidad del Estado para regular y sancionar a empresas tecnológicas que operan fuera de las normas ambientales.
El juicio será observado por organizaciones civiles que analizan el impacto de la criptominería en Paraguay. Esperan que el resultado del proceso defina reglas de convivencia entre esta industria electrointensiva y los centros urbanos del país.