Intendente de Caacupé afirma que cuestionamientos de concejales responden a intereses políticos

Fotografía de la zona céntrica de Caacupé.
Zona céntrica de Caacupé que necesita ser recapada.Faustina Agüero

El intendente de Caacupé, Diego Riveros (PLRA), aseguró que las críticas de concejales sobre la ejecución del Plan 1.000 responden a intereses políticos, y remarcó que la Municipalidad sí aprobó el proyecto, siendo la única institución con injerencia en el proceso, sin participación de la Gobernación.

Riveros aseguró que las críticas realizadas por algunos concejales en torno a la ejecución del Plan 1.000 responden a intereses políticos, y no a cuestionamientos técnicos o administrativos. En ese sentido, sostuvo que desde la Junta Municipal se busca instalar una polémica innecesaria sobre un proceso que, según afirmó, ya cumplió con todos los requisitos establecidos.

Los concejales Cristian Bedoya y Marcelo Portillo (ANR) habían advertido, mediante una nota dirigida al intendente Diego Riveros, que si no se otorgan de forma inmediata nuevas autorizaciones municipales, Caacupé podría quedar excluida del Plan 1.000. En ese sentido, manifestaron su preocupación ante la posible pérdida de los tramos asignados inicialmente a la ciudad, los cuales contemplan obras de empedrado en distintos puntos del distrito.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que la Municipalidad de Caacupé sí aprobó el proyecto en tiempo y forma, y dejó en claro que es la única institución con injerencia directa en este tipo de iniciativas, descartando cualquier participación de la Gobernación de Cordillera en el proceso.

Riveros insistió en que los trámites fueron realizados y que no existe impedimento desde la administración municipal para la ejecución de las obras previstas.

Según los ediles, están en riesgo 13 sectores previstos dentro del plan, que contemplan 1.000 metros de asfaltado y 1.800 metros de empedrado, financiados por Itaipú Binacional.

Asimismo, cuestionaron la falta de avances en la ejecución de los trabajos y atribuyeron la situación a supuestas demoras en los procesos administrativos a nivel local.

Postura del intendente

El jefe comunal explicó que el Plan 1.000 es un programa nacional que se ejecuta mediante un convenio con la Fundación Ysapy, encargada de contratar a las empresas para las obras en los distintos distritos. En ese marco, sostuvo que es el intendente quien debe solicitar los tramos, definirlos y posteriormente recepcionar los trabajos una vez concluidos.

Detalló que la Municipalidad remitió las solicitudes correspondientes en tiempo y forma, incluyendo un tramo estratégico que conecta la zona céntrica con la Universidad Nacional, con el objetivo de descongestionar el tránsito. Sin embargo, indicó que los trabajos no fueron ejecutados durante el 2025, pese a las reiteraciones realizadas.

Resaltó que actualmente siguen a la espera de la autorización de la fundación para que la empresa pueda iniciar las obras, y subrayó que los retrasos se registran también en otros distritos de Cordillera.

Riveros rechazó además cualquier participación de la Gobernación en este proceso y cuestionó a los concejales que, según dijo, solo buscan instalar una polémica sin fundamento.