Representantes del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) y de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) participan este viernes de la mesa técnica convocada por la Comisión de Derechos Humanos del Senado para analizar la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Antes de la reunión, los voceros manifestaron su preocupación frente a la propuesta que parte desde el oficialismo colorado y que, a su entender, amenaza la independencia de la prensa al dejar la seguridad de los comunicadores bajo el control directo del Ministerio del Interior.
“Ese proyecto crea una dirección del Ministerio del Interior que va a ser supuestamente la encargada de proteger a los colegas y eso genera un riesgo muy importante a través de una dinámica de premio y castigo. El Ministerio del Interior va a poder decir ‘al que me está investigando a mí no le protejo, al que le está investigando a mi contrario sí le protejo’ y así hacer un intento indirecto de manejar a la prensa”, señaló Santiago Ortíz, secretario general del SPP.
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Dante Leguizamón, secretario ejecutivo de la Codehupy, recordó que el Estado paraguayo tiene la obligación de cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por el caso de su padre, Santiago Leguizamón, asesinado hace 35 años. La sentencia exige explícitamente una ley que proteja tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos.
“De avanzar el proyecto oficialista, además de hacerlo sin diálogo, no se estaría cumpliendo con la medida de reparación y no repetición dictada por la Corte”, afirmó, al tiempo de calificar la propuesta del oficialismo como una “afrenta a la memoria de Santiago”.
A pesar de las diferencias, los representantes se mostraron abiertos a discutir puntos específicos, como la inclusión de defensores de derechos humanos, siempre que se mantenga la esencia de un control mutuo y eficiente.
Años de gestación y bloqueos legislativos
Según datos publicados por la Codehupy, desde 2016 Paraguay cuenta con una Mesa de Protección para Periodistas integrada por representantes de distintas instituciones del Estado, de gremios de periodistas y organizaciones de la sociedad civil. La misma no cuenta con un protocolo autónomo, por lo que se constituye en una instancia muy endeble, que no posee la fuerza necesaria para la garantía de protección para el ejercicio de la profesión.
En el 2019 se inició el trabajo con la Comisión de Derechos Humanos del Senado a través de unos debates iniciales y posteriormente la conformación de una mesa técnica para desarrollar el proyecto de ley.
En diciembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó la sentencia en el caso Santiago Leguizamón vs. Paraguay, con una condena del Estado paraguayo por la falta de garantía para el ejercicio de la profesión periodística y la defensa de los Derechos Humanos. Entre las sanciones establecidas, señaló la necesidad de contar con una ley de seguridad para periodistas y personas defensoras.
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El 26 de abril de 2023, una fecha emblemática para periodistas, se presentó oficialmente el proyecto de ley. Para octubre de 2025, el documento ya contaba con cinco dictámenes favorables de distintas comisiones del Senado, incluyendo la de Derechos Humanos.
A finales de 2025, la Cámara Alta decidió postergar el debate, una medida que el SPP calificó como una táctica para desvirtuar el fondo del proyecto y favorecer la versión del oficialismo, la cual hoy genera el rechazo de las organizaciones civiles.