Cae administradora de hogar de ancianos por supuesto vaciamiento de cuentas bancarias

Hogar de Ancianos Balcón de Luna, que fue intervenido por la fiscalía y la Policía Nacional.
Hogar de Ancianos Balcón de Luna, que fue intervenido por la fiscalía y la Policía Nacional.

Tras una denuncia realizada por funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), Sara Irala, una enfermera que administra un hogar de adultos mayores en Capiatá, fue arrestada por Crimen Organizado. La Fiscalía detectó retiros irregulares y el intento de solicitar un PIN de transacciones para extraer G. 50 millones de un adulto mayor que había fallecido.

Personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional intervino la residencia de adultos mayores “El Balcón de la Luna”, ubicada en la zona de Yvyraró de Capiatá.

El procedimiento, liderado por el fiscal Gerardo Chamorro, derivó en la detención de una mujer que se presenta como profesional de la salud, administradora y dueña del establecimiento, Sara Andrea Irala Zárate. La mujer está imputada por un supuesto caso de estafa y manipulación de fondos de un residente.

La investigación penal se inició tras una alerta de los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF). Los empleados bancarios reportaron conductas sospechosas cuando Irala intentó gestionar un PIN transaccional para retirar G. 50 millones de la cuenta de un adulto mayor, quien había fallecido días atrás en un hospital.

El fiscal contó que la detenida argumentaba ante las entidades bancarias que los millonarios retiros eran destinados a cubrir la manutención del adulto mayor. Sin embargo, las declaraciones fiscales comprobaron que los familiares pagaban de manera independiente todas las mensualidades y gastos del abuelo.

Mujer con camiseta negra y chaqueta rosa, de pie frente a un cartel de la Policía Nacional, con expresión seria.
Sara Andrea Irala Zárate, detenida.

Peritos informáticos detectaron que antes de intentar el gran golpe de G. 50 millones, Irala ya había realizado diez extracciones previas, de G. 1.500.000 cada una, totalizando un desfalco inicial de G. 15 millones.

En otro momento, el fiscal comentó que los familiares denunciaron ante el Ministerio Público que la administración imponía trabas constantes y obstáculos materiales inventados para evitar que visitaran al afectado, previniendo así que el anciano alertara sobre la situación.

La comitiva fiscal-policial constató que el hogar no poseía un solo legajo, historial médico ni registro oficial de la estadía del afectado, a pesar de que el mismo residía en el lugar desde el año 2023.