La abogada Zully Concepción Ortiz García (47), así como Mirtha Elizabeth Metel Ramírez (59) y Julio César Paiva Krause (59), los dos últimos socios de la firma “Vanessa y Asociados SA”, afrontarán juicio oral y público por el caso de la mafia de los pagarés, así lo resolvió la jueza penal de garantías de Villa Hayes, Jazmín Thamara Ortiz de Bonzi, mediante su Auto Interlocutorio (AI) N° 17.
En el caso de Mirtha Metel y Julio César Paiva, la acusación de los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero, les atribuye los hechos punibles de estafa (art. 187), en cuanto a lo que señala el Código Penal de “que con la intención de obtener para un tercero un beneficio patrimonial indebido” en calidad de coautores.
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Por el mismo hecho punible y la misma calificación fue acusada y afrontará juicio la abogada Zully Ortiz.
En la audiencia preliminar por esta causa, la magistrada también rechazó los incidentes de criterio de oportunidad planteado por la defensa de Zully Ortiz, quien fue asistida por los abogados Rodney Adrián Martínez Vázquez y Cynthia Lorena Romero Vargas.
La jueza también rechazó los incidentes de suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado, suspensión a prueba de la ejecución de la condena, planteados por el abogado José Manuel Rojas Rojas por parte de Mirtha Metel y el abogado Oscar Arsenio Maciel Morínigo, acompañando a Julio Paiva.
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En cuanto a las medidas cautelares, la magistrada levantó el arresto domiciliario de Mirtha Metel, a quien le impuso otras medidas y ratificó la prisión preventiva de Julio Paiva.
Asimismo, la jueza resolvió revocar la libertad ambulatoria de Zully Ortiz en esta causa, en atención a que la misma cumple prisión preventiva en un proceso tramitado en Asunción, por supuestamente instigar amenazas contra el periodista Carlos Benítez.
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Acusación revela “modus operandi” de la mafia de los pagarés
La referida investigación está relacionada también a la actividad irregular expuesta y conocida como “mafia de los pagarés”. Del ilícito resultó víctima Ángela Mabel Zárate Ortigoza, quien según los antecedentes del caso firmó dos pagarés con “Vanessa y Asociados SA” el 8 de octubre de 2013.
Los documentos de compromiso de pago eran por los montos de G. 3.360.000 y G. 3.840.000, a ser abonados en 24 cuotas de G. 140.000 y G. 160.000, respectivamente, vía débito automático de salarios depositados en el Banco Nacional de Fomento (BNF). Las deudas fueron pagadas y canceladas el 23 de setiembre de 2015.
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A pesar de que la deuda había sido cancelada, los representantes legales de “Vanessa y Asociados SA”, Mirtha Elizabeth Metel y Julio Cesar Paiva, hicieron entrega de las hojas de pagaré a la abogada Zully Ortíz, para que inicie procesos judiciales a fin de cobrar las deudas documentadas.
En ese contexto y conforme el poder otorgado por Mirtha Metel a la abogada Zully Ortiz, la última promovió juicio ejecutivo ante el Juzgado de Paz de Nueva Italia, a cargo entonces de Norma Barrios, el 7 de diciembre de 2020. Para ello se valió de los citados pagarés, pero que habían sido fechados el 5 de febrero de 2018.
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Por resolución del 3 de julio de 2021, el juzgado de Paz de Nueva Italia dispuso el embargo por la suma de G. 7.200.000 más G. 720.000 por gastos de justicia. La patronal cumplió con ese mandamiento por el monto de G. 2.090.800. Esto hizo que Ángela Zárate tenga conocimiento de lo que ocurría.
Es así que, el 23 de agosto de 2021, Ángela Zárate planteó la nulidad del proceso, adjuntando los extractos de sus descuentos. El 3 de setiembre, la abogada Zully Ortiz, por su parte solicitó el finiquito del juicio “ya que el/la demandado/a ha abonado la totalidad de lo reclamado incluyendo costos y costas, honorarios profesionales”.
Posteriormente, Zárate recusó a la jueza interina de Nueva Italia María Esther Salinas, por lo que las actuaciones se remitieron al juzgado de Villeta, a cargo de Beatríz Olga Morán Ávalos. La última magistrada declaró el finiquito de la deuda, fundado su decisión en la petición de Ortiz, el levantamiento del embargo de dinero y la devolución de lo que se le había descontado a Zárate.
Segundo intento de por cobrar deuda cancelada
Pese a la cancelación de la deuda, vía administrativa y luego, habiéndose constatado que la acción ejecutiva era improcedente, el 5 de agosto de 2022, nuevamente la abogada Zully Ortiz promovió un juicio ordinario de reconocimiento de crédito y cobro de guaraníes ante el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval, a cargo del juez Roberto Ferreira.
Cabe destacar que, para esta nueva demanda, la representante de “Vanessa y Asociados SA”, presentó los mismos pagarés presentados en el Juzgado de Paz de Nueva Italia.
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Como la demanda no fue contestada por Ángela Zárate, el magistrado declaró su rebeldía y llevó el proceso sin su intervención. Así también, la oficial de justicia Dea Ximena Ayala Ortiz se constituyó, el 26 de setiembre de 2022, en el Instituto de Previsión Social (IPS) donde Zárate presta servicios para trabar el embargo de su salario.
El 2 de octubre de 2023, Ortiz solicitó al juzgado de paz la regulación de sus honorarios profesionales y el libramiento del embargo ejecutivo. Finalmente, el 19 de octubre, hizo lugar a la demanda vía sentencia definitiva. La víctima nuevamente sufrió un descuento de su salario por G. 5.227.000.
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Abogada demandante intentó “forzar una reparación”
De acuerdo con lo que considera el Ministerio Público, sobre el primer juicio tramitado ante el juzgado de Nueva Italia, que luego pasó al de Villeta, el dinero descontado de los salarios de Ángela Zárate, le fue devuelto. Esto sucedió tras consumarse la conducta, por disposición del juzgado, después de que Zárate acreditara que efectivamente canceló su deuda.
En el segundo juicio, Zárate también sufrió el descuento de su salario, en esta ocasión por G. 5.227.000. Dicha suma fue depositada en una cuenta corriente judicial.
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Para la Fiscalía, quedó acreditado que la suma de G. 2.090.800 fue retirada por Ángela Zárate de la cuenta corriente judicial, pero esto no incidió en la configuración de la conducta, al haberse dado el resultado del perjuicio patrimonial de la víctima, con los descuentos en sus salarios.
Sobre el juicio tramitado en Benjamín Aceval, se le descontó la suma de G. 5.227.000 a Ángela Zárate, los cuales fueron depositados en una cuenta corriente judicial. Este dinero no fue retirado por ella, sino por la abogada Zully Ortiz, quien después intentó “forzar una reparación económica” y, en tal sentido “acreditó en la cuenta personal de Ángela Zárate”, quien, si bien retiró la plata “lo depositó en una escribanía, como muestra de su falta de interés de someterse a una reparación en contra de su voluntad”.