El fiscal Leonardi Guerrero recibió con sorpresa las críticas que los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hicieron a su gestión, en base a una supuesta negativa de acceso a la carpeta fiscal de la investigación abierta sobre el fraude denunciado por el Consejo de la Magistratura (CM) a una de las imputadas, la jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero, Librada Beatriz Peralta Céspedes.
El agente del Ministerio Público lamentó que los representantes de la máxima instancia judicial no hayan tenido las dos versiones y aclaró que la magistrada mencionada no ha presentado solicitud alguna ante la Fiscalía a su cargo.
El ministro Víctor Ríos Ojeda, fue quien lideró las críticas durante la sesión ordinaria plenaria de ayer, oportunidad en que aseguró que el fiscal no convocó ni informó de su imputación a la magistrada.
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“Hoy no más le recibimos a una magistrada que recibió la información de su imputación a través de los medios de comunicación, de la tapa de un diario, y hasta hoy el fiscal no se digna en presentarle la imputación”, manifestó Ríos.
El cuestionamiento prosiguió de la mano del ministro Manuel Ramírez Cándia, quien refirió que este tipo de situaciones irregulares deben ser consideradas al momento de estudiar la confirmación o no de los fiscales; y por último, el ministro Gustavo Santander repitió la versión de la magistrada, de que presuntamente el fiscal no le permite acceder a la carpeta.
Fiscal remitió informes a Emiliano Rolón y a la Corte Suprema de Justicia
El fiscal de la Sede 1 del Ministerio Público, Leonardi Guerrero, señaló “he puesto a conocimiento” del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, el mismo día de formular la imputación contra la magistrada y otras personas más, por el caso de fraude detectado y denunciado por el Consejo de la Magistratura (CM).
“El día de hoy de nuevo voy a enviarle un comunicado, una nota al fiscal general, un informe, porque es la forma institucional de actuar en casos así. Él siempre ha tenido conocimiento y le he comunicado de las decisiones que yo voy tomando en el marco de esta causa e igualmente también como institución, en el marco de otras causas que sean relevantes”, amplió el fiscal Guerrero.
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“Independiente a que el Ministerio Público, a través del fiscal, pueda ir tomando las decisiones que le parezcan correctas, tenemos que tener siempre presente que existe detrás de nuestras espaldas una institución y esa institución tiene un representante que es el fiscal general”, añadió.
En cuanto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Guerrero sostuvo que el 20 de mayo último ya había enviado informes poniendo en conocimiento a sus integrantes sobre la imputación, los involucrados y la situación de los mismos.
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Al respecto de las opiniones de Ríos, Candia y Santander, el fiscal expresó que “emitieron esa opinión sin tener una información completa” pues “mínimamente con la lectura de la imputación, que se halla totalmente fundada punto por punto, y en cuanto a la participación de cada uno de ellos, no solamente indicios fácticos suficientes, sino que la fundamentación es efectiva. Yo creo que van a saber entender”.
Fiscal rechaza versión de que no recibió a magistrada
El ministro Víctor Ríos había repetido también lo que supuestamente la jueza imputada le dijo, de que al intentar dialogar con el agente fiscal Leonardi Guerrero, “este le hizo esperar hasta las 15:00, desde las 08:00 y no la recibió nunca”.
Guerrero respondió a ello y dijo: “siempre trabajé con puertas abiertas en la medida de mis posibilidades. Atiendo a todos por igual. Entonces, atento a la falta de comunicación a la jueza Librada Peralta, la comunicación formal y procesal le corresponde al juez penal de garantías, luego de que el Jurado tome la decisión de quitarle el fuero”.
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Aclaró posteriormente de que la magistrada aún cuenta con fuero y por lo tanto, la causa no puede proseguir en relación a ella debido a este obstáculo. “
No le puedo convocar a una declaración indagatoria. ¿Por qué? Porque ahí le tengo que indagar y ella tiene fuero. No puedo realizar esa indagatoria con fuero”, explicó el fiscal.
En otro momento, Guerrero expuso que “he tenido conocimiento de que ella estaba queriendo hablar conmigo a través de otra persona, que se me acercó en un receso de una audiencia preliminar (caso mafia de los pagarés), porque todos los procesados; entre ellos, se conocen”.
Sin embargo, “no hubo tal visita”, en relación a lo dicho por Ríos.
Agregó que en su unidad siempre se deja constancia cuando un profesional del derecho, un encausado o algún representante de una persona indagada, va a la Fiscalía y pide acceso al expediente, para observar o para tener copia del mismo. Pero, en el caso de la jueza Peralta, tal cosa no hubo.
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“Nada impide a que ella pueda participar en el proceso de investigación que tiene. Siempre hemos tenido, por lo menos yo, esa apertura de facilitar esa intervención y participación a la persona sospechada”, enfatizó Guerrero .
Guerrero también sostuvo que “es bueno tener constancia y por lo menos en la carpeta fiscal que yo encuentro acá, hechas las averiguaciones, no he tenido constancia que ella haya venido a hablar conmigo. Nunca solicitó esa audiencia”, a la cual hizo mención Ríos.
El fiscal cuestionado por los ministros de la Corte también hizo mención a que incluso revisó las cámaras de seguridad del edificio, para constatar si realmente fue hasta la Fiscalía o no la magistrada Librada Peralta, y en las imágenes no se la vio por ningún rincón.
Imputados por supuesto fraude, tras denuncia del Consejo de la Magistratura
La magistrada a la que se refieren los ministros es Librada Beatriz Peralta Céspedes, jueza penal de liquidación y sentencia de Pedro Juan Caballero, imputada el pasado por supuesta producción de documentos no auténticos en su modalidad de uso, en calidad de autora, al igual que la exactuaria judicial de Curuguaty Schirley Paola Irala Leite, el asistente fiscal de Coronel Oviedo Adán Fredy Rolón Villareal y el exmagistrado judicial Mario Brítez Ruiz Díaz.
También son investigados por la presunta comisión del mismo delito, pero en calidad de cómplice, el funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura Rafael Prieto Quintana y como instigador, el funcionario de la Escuela Judicial. Tomás Rodrigo Ávalos Sanabria.
Estas personas fueron imputadas por Guerrero por presuntamente manipular certificados y constancias utilizados en concursos públicos del Consejo de la Magistratura (CM), con el objetivo de inflar puntajes a postulantes, según denuncia presentada por el CM.