El recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de Roberto Damián Garcete Rodríguez y su hijo, Roberto Alejandro Garcete Cano, en contra de la resolución un tribunal de alzada que ratificó la apertura a juicio para los acusados por un presunto esquema de usura y lavado de dinero, vinculado a Ramón González Daher; fue declarado inadmisible por la Sala Penal de la máxima instancia judicial.
A través del Auto Interlocutorio N° 319 de fecha 2 de junio de 2026, los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Dejesús Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo, integrante de la Sala Penal, declararon inadmisible el recurso promovido en contra del A.I N° 21 del 19 de febrero de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado, Segunda Sala, en atención a que dicho fallo no pone fin al presente proceso penal.
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Mediante dicha resolución el tribunal de alzada, integrado por los camaristas Arnulfo Arias y Arnaldo Fleitas concluyen que ni el hecho de usura ni la porción fáctica correspondiente al lavado de dinero han prescrito, tal como argumentó la defensa en su escrito de apelación. Por su parte la camarista Andrea Vera Aldana votó por declarar inadmisible el recurso interpuesto por la defensa; ratificándose así el auto de apertura a juicio oral.
Con la decisión del máximo tribunal queda firme el Auto Interlocutorio N° 318 de fecha 29 de agosto del 2024, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia. Es decir, Roberto Garcete y su hijo serán juzgados por un Tribunal de Sentencia.
Acusación por esquema de usura ligado a RGD
Este caso se inició en junio de 2013 cuando Eladio Miguel Britos, necesitando capital operativo para cumplir con trabajos de construcción que habían sido adjudicados a la firma Proyinel SA, recurrió al señor Roberto Damián Garcete Rodríguez para acceder a un préstamo, de acuerdo al relato del Ministerio Público.
Según la acusación fiscal el 26 de junio de 2013, Miguel Britos y sus hijas Laura y Rossana acudieron a la escribanía de confianza de Garcete Rodríguez, la escribana María de Lourdes Duarte Franco; donde se encontraba el dirigente de fútbol, con quien se había realizado el trato; y su hijo Roberto Alejandro Garcete Cano.
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Ya en la escribanía Miguel Britos y sus hijas, representantes legales de la firma Proyinel SA, fueron presionados para firmar un compromiso de pago, que terminó siendo en realidad una compraventa de un inmueble ubicado en la ciudad de Luque, valuado en aproximadamente G. 1.100 millones.
Víctima de usura pagó mucho más de lo que prestó
Una vez en la escribanía, la familia Britos recibió la suma de G. 200 millones y en el plazo de un año terminó abonando G. 100 millones; además entregó dos cheques de la Asociación Paraguaya de Fútbol, por un total de G. 300 millones. Es decir, Roberto Damián Garcete Rodríguez percibió el doble de lo que había entregado como préstamo.
Luego Garcete Rodríguez solicitó a la escribana María de Lourdes Duarte Franco que en vez de figurar como adquirente del inmueble su hijo, figure la firma Credy Money SA, de la cual él era presidente. Fue que así que, luego de que ya fuera firmada la escritura pública que contenía el acto simulado, la escribana modificó el monto de la operación a G. 1.500 millones e hizo constar que el adquirente era el señor Roberto Damián Garcete Rodríguez, en representación de la firma Credy Money SA.
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La fiscala Belinda Bobadilla puntualiza en la acusación que el 26 de noviembre de 2014 el señor Roberto Garcete Rodríguez convocó a Miguel Britos a una reunión para el día siguiente (27 de noviembre) en una oficina ubicada en el centro de Asunción, que terminó siendo la de Ramón González Daher.
Reunión con Ramón González Daher y posterior desalojo
Miguel Britos concurrió a dicha oficina acompañado de sus hijas María Laura y Rossana Britos, y en el lugar encontraron al actualmente condenado a 15 años de cárcel, quien les dijo que tenían 30 días para desalojar su vivienda, la que está ubicada en Luque y que había sido acordado que sería garantía de cumplimiento por el préstamo de G. 200 millones.
En fecha 26 de diciembre de 2014, Roberto Damián Garcete Rodríguez nuevamente convocó a la víctima de usura Miguel Britos y a su hija Rossana, a una reunión en la misma oficina de Ramón González Daher, ocasión en la que el hoy acusado les dijo que si querían recuperar su casa debían comprometerse a pagar la suma de G. 2.257.440.000.
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Con el propósito de ganar tiempo, Miguel Britos entregó cuatro cheques, los cuales fueron entregados por el señor Roberto Garcete Rodríguez a Ramón González Daher.
En marzo de 2015, luego de la cancelación de la cuenta corriente de Britos en el banco, tras la presentación de uno de los cheques, Roberto Garcete indicó a la escribana María de Lourdes Garcete que inscribiera a su nombre el inmueble, en los Registros Públicos.