La fiebre por los adelgazantes no cesa. A las noticias de asaltos tipo comando a vehículos que los transportan, de las insólitas maneras de intentar su contrabando, ahora, se suma otro extremo detectado. La Fiscalía investiga a dos empleados de laboratorios distintos del departamento Central, que compiten entre sí y que se habrían intercambiado la fórmula de un medicamento que está en desarrollo.
Actualmente, el costo unitario de este tipo de medicamento en el mercado nacional oscila entre G. 300.000 y poco más de G. 1.000.000, según la marca y la dosis requerida.
El caso fue denunciado por responsables del laboratorio afectado con la filtración de su fórmula química, a través de fotografías enviadas por WhatsApp el 11 de abril y el 11 de mayo, por parte de uno de sus funcionarios a la jefa de investigación del otro laboratorio.
El caso fue asignado a la fiscala Viviana Duarte quien dispuso la realización de varias diligencias iniciales y, por cuestiones de la investigación la reserva de los nombres de los involucrados.
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La fiscala Duarte informó a ABC Color que con un fiscal coadyuvante llevaron a cabo allanamientos simultáneos en los laboratorios involucrados, el pasado 1 de junio. Duarte intervino el establecimiento cuya empleada recibió la fórmula, mientras que el otro agente fue al laboratorio del cual se filtró la fórmula.
La representante del Ministerio Público detalló que, en uno de los laboratorios fue detenido un hombre, quien habría sido el responsable de enviar la fórmula de la droga en producción a una empleada del otro establecimiento, quien también fue detenida, quien se reenvió el 13 de mayo las fotografías con las fórmulas a su teléfono corporativo. En total cuatro teléfonos celulares fueron incautados de los investigados.
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En otro momento, la agente fiscal expuso que también contó con apoyo de agentes policiales del Departamento de Cibercrimen, con quienes lograron realizar una verificación primaria en el celular de la detenida, constatando que efectivamente existió el envío de la fórmula.
Fiscala indaga si hubo dinero a cambio de fórmula de adelgazante
Consultada sobre cómo fue que se dio el contacto entre los empleados, la fiscala Viviana Duarte refirió que aparentemente a la mujer no le estaba resultado la fórmula que estaba aplicando para la fabricación del insumo, por lo que contactó con el hombre del otro laboratorio, en vista a que anteriormente fueron compañeros de trabajo en otro establecimiento.
Por esa acción, la de compartir la fórmula de una droga en producción es que la fiscala Duarte imputó a ambos por hecho punible de revelación de secretos de carácter privado (artículo 147 del Código Penal), solo que al hombre en calidad de autor y a la mujer en carácter de instigadora. Ambos se exponen así a una pena de 3 años de cárcel en caso de una eventual condena.
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Luego de las intervenciones practicadas en los laboratorios, la fiscala también realizó allanamientos en los domicilios de ambos involucrados. De la vivienda de la mujer incautó un DVR, con el objeto de extraer los datos que se encuentran en él para indagar si hubo encuentro entre los imputados en su casa.
Ahora, otro aspecto que no descarta la fiscala es que haya podido existir un beneficio patrimonial hacia el considerado empelado infiel a cambio de filtrar la fórmula química de la droga que, si bien ya tuvo su lanzamiento, aún no se encuentra disponible a nivel comercial, según manifestó.
Por esa razón, la representante del Ministerio Público no descarta una posible imputación, si se detecta el beneficio financiero, por el ilícito de revelación de secretos privados por motivos económicos, establecido en el artículo 149 del Código Penal, que eleva el marco penal hasta 5 años de pena privativa de libertad.
Funcionarios de laboratorio tienen prohibido usar redes sociales
En tanto que, en el marco del caso, la jueza penal de garantías N° 1 de San Lorenzo María Elena Cañete, dispuso el 2 de junio medidas alternativas a la prisión preventiva para ambos imputados; además de la prohibición para ellos de acercarse a cualquiera de los laboratorios afectados por el caso.
La magistrada también prohibió a ambos encausados comunicarse con los funcionarios de las empresas por cualquier medio, ya sea telefónica, texto, WhatsApp, llamadas, carta, redes sociales y también, la prohibición de usar redes sociales y correo electrónicos.
En el caso del imputado, la jueza impuso una fianza personal por G. 120.000.000 mientras que, para la mujer, estableció una fianza real sobre un inmueble ubicado en Lambaré, hasta cubrir la suma de G. 100.000.000.