La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) puso un punto final a la causa “Darío Messer y otros s/ Lavado de Dinero”, al confirmar por decisión directa la sentencia dictada en primera instancia, que dispuso el comiso de bienes por millonario valor a nombre del doleiro y sus empresas en nuestro país.
El caso llegó a la máxima instancia judicial con motivo de un recurso extraordinario de casación presentado por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, en representación del doleiro condenado en el Brasil.
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El estudio de la cuestión planteada quedó a cargo de la Sala Penal del máximo tribunal, integrada por los camaristas penales Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Paublino Escobar, que dio a conocer su decisión a través del Acuerdo y Sentencia N° 126, divulgada hoy por la Dirección de Comunicación de la CSJ.
La defensa de Messer planteó el recurso en contra el Acuerdo y Sentencia (AyS) N° 8/2024 de 6 de junio de 2024 dictada por el Tribunal de Apelación Especializado en Crimen Organizado; y la Sentencia Definitiva (SD) N° 3 de fecha 3 de enero de 2024, emanada del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado.
Comiso de bienes de Darío Messer, por decisión directa
Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto, en representación de Darío Messer, alegaron el recurso de casación en contra del AyS N° 8/2024 señalando que los camaristas Delio Vera Navarro (actualmente jubilado) y Arnaldo Fleitas cometieron una arbitrariedad al negar el derecho a la defensa, ya que les canceló la personería en representación del doleiro brasileño Darío Messer.
En mayoría, los magistrados habían concluido que las abogadas no pueden ejercer la defensa de una persona que no se encuentra sometida a la justicia en nuestro país, en atención a que, en Paraguay, Darío Messer tiene declaración de rebeldía y orden de captura. Por su parte el camarista Arnulfo Arias opinó sobre el rechazo de la representación del prófugo en el juicio de comiso.
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Al respecto, la Sala Penal de la Corte resalta que el fallo del tribunal de alzada carece de fundamentación suficiente y se aparta del marco normativo aplicable, teniendo en cuenta que incurrió en un error de derecho al sostener que las abogadas recurrentes no revestían la calidad de parte y carecían de legitimación para recurrir.

El magistrado Gustavo Amarilla Arnica (preopinante) votó por anular el fallo de segunda instancia y remitir el expediente a otro Tribunal de Apelaciones que analice los argumentos de las representantes de Messer, en contra del comiso autónomo de bienes. Sin embargo, los camaristas Silvana Luraghi y Paublino Escobar se adhirieron a la anulación del fallo, pero votaron por confirmar, por decisión directa, la sentencia de primera instancia.
Bienes por US$ 150 millones pasan al Estado
El doleiro Darío Messer, a quien el propio expresidente Horacio Cartes denominó como su “hermano del alma”, está condenado en el Brasil por lavado de dinero y tiene en Paraguay valiosos bienes inmuebles, miles de cabezas de ganado, lujosos vehículos, una aeronave, acciones y valores que rondan los US$ 150 millones.

Luego de conocer la decisión del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Claudia Criscioni (actualmente camarista) e integrado por Jesús Riera y Yolanda Morel; el fiscal anticorrupción Francisco Cabrera resaltó que los bienes que ahora pasarán a poder del Estado pertenecían a Dario Messer, su hijo Dan Messer y a las empresas Matrix Realty SA, Chai SA y Pegasus Inversiones SA.
El agente del Ministerio Público resaltó que el comiso autónomo de dichos bienes está distribuido en grandes grupos, ya que en total son dos empresas con 109 inmuebles, de los cuales 31 pertenecen a la empresa Chai SA.
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El comiso que ahora queda firme incluye también las sumas de G. 5.000 millones y US$ 2 millones, en efectivo, además de inversiones que se tienen en cuenta en Certificado de Depósito de Ahorro, bonos y acciones por un monto de G. 40.000 millones y US$ 2 millones.

Los establecimientos ganaderos tenían nueve tractores, nueve vehículos 4X4 y un avión. De esto, se calcula unos 120 a 150 millones de dólares en bienes que con la resolución de la Corte Suprema de Justicia quedan en poder del Estado paraguayo.
