El sobreseimiento provisional de la ex jueza de Lambaré Isabel Bracho y su actuaria Ruth Ferreira, en el proceso que ambas afrontan por supuesto cohecho pasivo agravado (coima) y frustración de la persecución y ejecución penal, porque habrían favorecido al narcotraficante Walter Galindo, en el caso Mercat; fue dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, interino en esta causa que está a cargo de su colega Humberto Otazú.
El magistrado atendió el pedido del fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Christian Benítez, quien argumentó que aún existen circunstancias que no han sido esclarecidas, ya que hay diligencias pendientes de realización y que se pretenden incorporar a la investigación.
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Respecto a dichas diligencias, el agente del Ministerio Público destacó que los elementos probatorios servirían para la realización de un estudio más acabado a los efectos de determinar la certeza de la participación y responsabilidad de las acusadas en la comisión de los hechos punibles investigados.
Sobre estos argumentos Estigarribia puntualiza en el Auto Interlocutorio N° 117 de fecha 9 de junio de 2026, que durante el tiempo de sobreseimiento provisional, que puede extenderse por un tiempo máximo de un año, el Ministerio Público debe realizar 10 diligencias pendientes, entre ellas declaraciones testimoniales, pericias acústicas y de imágenes con transcripción y pedidos de informes a la Seprelad, Policía Nacional y la Superintendencia de Bancos.
Sobreseimiento provisional para exjueza
El 18 de mayo de 2026 el fiscal Christian Benítez presentó el requerimiento N° 11, solicitando el sobreseimiento provisional para Isabel Beatriz Bracho Pedrozo, de 58 años, quien era jueza penal de Garantías 2 de Lambaré hasta el 10 de diciembre de 2025, cuando la Corte también aceptó su renuncia.
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El agente del Ministerio Público requirió la misma salida para la actuaria judicial Ruth Karina Ferreira Brítez, de 39 años, quien trabajaba en el despacho de Isabel Bracho y que está suspendida por la Corte Suprema de Justicia desde el 19 de noviembre de 2025.

Tanto Bracho como Ferreira fueron imputadas también por su supuesta participación en la trama para favorecer a Galindo. Entre todas se habrían beneficiado con el cobro de unos 50.000 dólares para conceder medidas al narcotraficante.
Argumentos del Ministerio Público
De acuerdo con lo fundamentado por el fiscal Christian Benítez, aún existen diligencias pendientes para determinar si ambas habrían intervenido en actuaciones judiciales que favorecieron al imputado por narcotráfico Walter Galindo, con medidas alternativas a la prisión preventiva y posteriormente con una salida procesal.
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“Si bien la investigación cuenta con indicios, entre ellos audios de conversaciones de terceras personas que hacen referencia a una supuesta entrega de dinero, el fiscal indicó que todavía no se dispone de elementos testimoniales que permitan corroborar dichos extremos”, detalla el requerimiento fiscal.

Entre las diligencias que el Ministerio Público debe realizar durante el sobreseimiento provisional, figuran una pericia acústica sobre los audios incorporados a la causa y la declaración de funcionarios del Poder Judicial, además de otras actividades investigativas.
Acusación contra exfiscala
En esta causa penal el Ministerio Público presentó acusación y pedido de juicio oral para Egidia Victoria Gómez Denis, de 60 años, hermana del difunto exdiputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes, quien dejó de ser agente de la Unidad N° 3 de la Fiscalía Zonal de Villa Elisa el 1 de setiembre de 2023, cuando la Corte Suprema de Justicia (CSJ) aceptó su renuncia para acogerse a la jubilación.
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La acusación fiscal resalta que cuando Egidia Gómez ocupaba el cargo de agente fiscal de Villa Elisa supuestamente favoreció al narcotraficante Walter José Galindo Domínguez, ahora de 36 años, quien cayó preso el 13 de mayo de 2021 y condenado a 19 años de cárcel en el marco de la operación Mercat.
Galindo había sido sorprendido en posesión de cocaína y se le incautó una camioneta con la que supuestamente hacía el delivery de las drogas.

La Fiscalía afirma que entre el 8 de julio y el 7 de agosto de 2021, la acusada habría sustituido los tres paquetes de cocaína incautados, que totalizaban 1.486,7 gramos, por un paquete de bicarbonato de sodio con un peso de 1.476 gramos, a fin de favorecer a Walter Galindo.
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“Igualmente, habría dispuesto la entrega de la camioneta Ford Ranger sin realizar diligencias investigativas ni requerir documentación que acreditara la titularidad del rodado. Posteriormente, solicitó el sobreseimiento provisional del imputado en la causa”, según la teoría del Ministerio Público.
