Los fiscales Jorge Luis Arce, Marlene González y Silvio Corbeta, presentaron urgimiento ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el marco de la causa caratulada como “Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez y otros s/ lesión de confianza y otros”, pero conocida como detergente de oro.
De acuerdo con los datos, el 26 de septiembre de 2025 el abogado Walter Cardozo, quien ejerce la defensa de César Daniel Ojeda Figueredo, exconcejal de Asunción y exintendente interino de la municipalidad capitalina, recusó inicialmente a los miembros del Tribunal de Apelación, Primera Sala, Mario Camilo Torres y Silvana Luraghi.
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Cabe señalar que, al mismo tiempo, el exintendente de Asunción Óscar Andrés Rodríguez Quiñónez, conocido como Nenecho, y Wilfrido Adrián Cáceres Flores, también habían recusado a los miembros del Tribunal de Apelaciones. La resolución del recurso está a cargo de la Sala Penal de la Corte, integrada por los ministros Carolina Llanes, Luis Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia.
Ese incidente se presentó el marco de la tramitación del recurso de reposición interpuesto contra la providencia del 9 de setiembre de 2025, la cual convocaba a audiencia preliminar, por lo que la Cámara debía pronunciarse al respecto. Igualmente, el 30 de septiembre de 2025, el abogado Walter Cardozo también recusó al camarista Paublino Escobar, ante la tramitación del mismo recurso.
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El recurso de recusación se encuentra pendiente de resolución desde el mes de septiembre de 2025, es decir 9 meses. Por esta razón, los fiscales del caso “formula respetuosamente el urgimiento de la resolución de la recusación interpuesta en contra de Silvana Raquel Luraghi Sarubbi, Mario Camilo Torres y Paublino Escobar Garay”.

Añadieron los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, que “resulta necesario contar con la decisión respectiva y consecuentemente que los órganos jurisdiccionales correspondientes puedan resolver todos los planteamientos de las partes que están pendientes y así proseguir con las etapas del proceso penal iniciado”.
Preliminar pendiente para Nenecho, Wilfrido Cáceres y otros
El 22 de septiembre de 2025, juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia rechazó los recursos de reposición planteados por el ex intendente de Asunción Óscar “Nenecho” Rodríguez, su exjefe de Gabinete Wilfrido Cáceres y el exconcejal colorado César Ojeda Figueredo, contra la providencia que admitió la acusación fiscal.
En su resolución, Estigarribia expuso que las defensas “se han limitado a formular consideraciones generales sobre la supuesta falta de incorporación de determinados elementos probatorios o sobre incidentes pendientes, sin explicar cómo la fijación de la audiencia preliminar les genera un perjuicio procesal concreto.
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El 3 de setiembre de 2025, los fiscales Marlene González, Jorge Arce y Silvio Corbeta Dinamarca presentaron acusación contra Nenecho, Wilfrido Cáceres, César Ojeda y otras 13 personas, por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, debido a la compra irregular del “detergente de oro” y otros artículos de limpieza, entre los años 2020 y 2021.
”Detergente de oro” causó perjuicio de G. 1.808 millones
La acusación fiscal resalta que durante la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez como intendente, entre los años 2020 y 2021, en la Municipalidad de Asunción se concretaron sobrefacturaciones y simulaciones de entregas de productos varios, a través de la adjudicación de contratos a empresas que no tenían ni la capacidad ni la representación legal de las marcas ofertadas.
Al respecto, la fiscalía sostiene que el municipio sufrió un daño patrimonial de G. 1.284.878.500 en el 2020; y por G. 524.077.500 en el año 2021, totalizando la suma de G. 1.808.956.000, que salió del Fondo Nacional de Emergencia.
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Entre los productos para limpieza que supuestamente fueron adquiridos, la Fiscalía resalta que la Municipalidad de Asunción llegó a pagar hasta G. 393.800 por cada litro del detergente francés de la marca “Alka DDS”, con el argumento que servía para producir varios litros más. Sin embargo, la comuna no recibió el producto por el total del dinero abonado.

El Ministerio Público resalta sobre dicho punto que las adquisiciones se llevaron adelante sin contar con la reglamentación correspondiente, lo que permitió la utilización irregular de los recursos municipales.
Documentos y pericias que fueron incorporados por la Fiscalía a la presente causa refieren que las cantidades de productos declaradas como entregadas no guardan relación con las importaciones efectivamente realizadas en el país, de acuerdo con lo resaltado por los agentes que presentaron la acusación.
