Desde el movimiento social Ligas Agrarias Cristinas (LAC) presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), solicitando el inicio de una causa, la imputación, acusación y eventual elevación a juicio del caso Caaguazú, relacionado a torturas y crímenes de lesa humanidad cometidos en 1980, plena dictadura de Alfredo Stroessner.
La denuncia es por crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, tortura, persecución política, cometidos en los episodios conocidos como el caso Caaguazú, iniciado el 8 de marzo de 1980, en el marco de las represiones contra ciudadanos paraguayos por la dictadura militar de Alfredo Stroessner en Paraguay y su régimen de gobierno.
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De acuerdo con lo que expone el escrito presentado ante el Ministerio Público, el denominado caso Caaguazú se encuadra como un ejemplo de ataque a la población civil campesina, con detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, degüellos, mutilaciones, ataques sexuales a mujeres y niñas, robos de productos agrícolas y de cultivos.
Los referidos hechos, fueron cometidos sin la debida intervención judicial, según se señala en el escrito, evidenciando una política de represión policiaca, militar, parapolicial y paramilitar generalizada, incluso de contingentes de civiles armados reclutados entre las seccionales coloradas de Caaguazú y ciudades aledañas.
Recibieron tierras y luego fueron amedrentados por militares
Los antecedentes indicados en la denuncia refieren que 1972, 50 familias oriundas del departamento de Misiones, distrito de Santa María, compañía San Gerónimo y otras de Santa Rosa del mismo departamento, fueron asentadas con permiso de ocupación oficial firmado por el titular del entonces Instituto de Bienestar Rural (IBR), Juan Manuel Frutos, en Alto Paraná, distrito de Hernandarias, lugar denominado Acaraymi. Incluso fueron trasladados en rodados del IBR y del obispado de Misiones.
Además, estas familias se trasladaron a Acaraymi y a Jejui (San Pedro) con el apoyo de la Federación Nacional de las Ligas Agrarias Cristianas, organización fundada en 1960 en Santa Rosa Misiones. Estas personas se asentaron en 500 hectáreas sobre el río Acaray, entre 1972 y 1973, pese a las condiciones de la zona, como ser un impenetrable bosque.
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Dos años después -en 1974- un grupo de militares al mando de Suboficial Santos López y cinco soldados más se constituyeron en la zona para intimar a los campesinos a abandonar las tierras que “eran reclamadas por el Gral. Milcíades Ramos Giménez”.
Según se denuncia en el escrito, el hostigamiento de los asentados inició con esa acción. A ello se sumó que el jefe Policial de Alto Paraná Crio. Vera Navarro y la esposa del general Olga Mendoza de Ramos Giménez, conocida como Ña Muki, acompañada ella por el Suboficial Santos López, amenazando con desalojarlos.
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Entre 1975 y 1980 las amenazas se acentuaron y ejecutaron con la detención de los dirigentes, siendo encerrado en la Delegación de Gobierno de Alto Paraná, Estanislao Sotelo, trasladado luego al Departamento de Investigaciones de Asunción, quien estuvo detenido por un año y ocho meses ahí.
El 7 de marzo de 1980, unos 20 asentados de la Base Acaraymi de las Ligas Agrarias Cristianas, abordaron un ómnibus de la empresa Rápido Caaguazú, en el kilómetro 37 de la ruta que une Ciudad del Este con destino a Asunción. Ello era con el fin de llegar a la oficina del IBR, para hacer poner en conocimiento los hechos y proseguir las gestiones ligadas a la titulación de sus parcelas.
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Sin embargo, en la zona de Torin (Caaguazú), un retén policial intentó detener el vehículo, cuyo conductor no frenó la marcha, lo que dio inicio a una persecución policial con disparos que impactaron contra el ómnibus. Después, en Campo 8 (Altona), los labradores abandonaron el transporte y se refugiaron en los montes.
Denuncia habla de persecución, desaparición y asesinato de campesinos
Con el objetivo de capturar a los ocupantes del bus, se inició un operativo represivo importante con participación de fuerzas policiales y militares, helicópteros y armamento pesado y paramilitares, integrantes de la denominada “Milicias Coloradas”, a cargo del titular de la Seccional Colorada de Caaguazú, Pablo González y policías a cargo del entonces director de Investigaciones Pastor Coronel.
El contingente militar estuvo a cargo del General Benito Guanes Serrano y otros militares con asiento en la Ciudad de Villarrica (Guaira).
El 9 de marzo, las 20 personas terminaron por entregarse a las fuerzas represivas en la zona conocida como San Antoniomí, distrito de Juan Manuel Frutos (Pastoreo).
La policía y el ejército, con apoyo de paramilitares milicianos y civiles armados, interceptaron, persiguieron, sitiaron y sometieron a violencia extrema a los campesinos, procediendo a detenciones arbitrarias, tortura, mutilaciones y desapariciones forzadas de personas, según detalla el escrito de denuncia.
Varias de las personas implicadas en esos hechos fueron asesinadas o desaparecieron sin que sus restos hayan sido devueltos a sus familias ni se han emitido certificados de defunción, pese a que el Estado reconoció haberlas detenido.
En el escrito presentado a la Fiscalía se menciona que 10 de las víctimas fueron identificadas por la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), con apoyo de declaraciones testificales de sobrevivientes, investigaciones periodísticas, archivos oficiales, como desaparecidas, sometidas a torturas, asesinadas por degüello y mutilaciones tras los hechos iniciados el 8 de marzo de 1980.
Así se tiene el dato de que fueron asesinados: Estanislao Sotelo; Mario Ruiz Díaz; Feliciano Verdún; Reinaldo Gutiérrez; Federico Gutiérrez; Concepción González; Fulgencio Castillo; Secundino Segovia; Gumersindo Brítez; y Adolfo César Brítez.
Minetras que, otras 10 personas fueron capturadas y llevadas a un rancho en Campo 9, desde donde posteriormente fueron llevadas al Departamento de Investigaciones de Asunción, donde fueron torturadas.
Se tarta de: Arcadio Flores; Felipe Flores; Marciano Flores; Marciano Martínez; Vidal Martínez; Andrés Centurión; Luciano Centurión. También hubo menroes de edad que fueron detenidos, heridos y torturados: Apolonia Flores (12), herida de 6 balazos; Apolinaria González (16), torturada; y Arnaldo Flores. (14), torturado.
Piden que Fiscalía solicite informes sobre el caso
El Informe Final de la Comisión de Verdad y Justicia, sobre el caso Caaguazú, está bajo custodia de la Dirección General de Verdad, Justicia y Reparación, dependiente de la Defensoría del Pueblo.
Los denunciantes, en consecuencia, solicitaron que la Fiscalía libre oficio a dicha dirección a fin de que remita una copia del informe referido, para su incorporación a autos de investigación.
Además, la Dirección de Memoria Histórica y Reparación, dependiente del Ministerio de Justicia, a cargo del Dr. Rogelio Goiburú, está a cargo de las excavaciones para buscar los restos de los cuerpos de los desaparecidos del caso Caaguazú, por lo que también peticionan que se oficie a esa dirección para que remita informes sobre la búsqueda.
Igualmente solicitan que se agregue al expediente el archivo de la represión del caso Caaguazú, hallado en 1990 en la Delegación de Gobierno de Coronel Oviedo; documentos que obran en la Fiscalía General del Estado.