Lucía Sandoval Escobar rompió el silencio tras confirmarse el histórico fallo judicial que condena al Estado paraguayo a pagarle G. 616.000.000 como indemnización por daños y perjuicios a raíz de un error judicial.
En el año 2011, Lucía fue imputada y encarcelada por el supuesto homicidio de su esposo, Huber Martínez; pasó tres años y seis meses en prisión hasta que en 2014 fue declarada inocente. La absolución fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
Pese a que la Justicia reconoció finalmente la cadena de fallas estatales, la Procuraduría General de la República decidió apelar la sentencia para evitar el pago.
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En comunicación con ABC, Lucía, quien hoy ejerce la profesión de abogada y su defensora, Romina Rolón, lamentaron la falta de sensibilidad de las autoridades y aseguraron que la demanda nunca buscó un beneficio económico, sino dejar un precedente para que ninguna otra mujer vuelva a vivir su calvario.
Una cadena de fallas que destruyó un proyecto de vida
Para Lucía Sandoval, el proceso civil que ya lleva 15 años de litigio, representa un reconocimiento oficial del daño, aunque remarca que el dinero no repara el tiempo perdido con sus seres queridos.
“Esta demanda nunca se promovió con la intención de ganar dinero fácil, sino para sentar un precedente y que los que administran justicia hagan bien su trabajo. De un día para otro, tu vida cambia 180 grados. Si sos mamá, te perdés criar a tus hijos, verlos crecer, que vayan a la escuela; todo eso te lo perdés y nunca más se va a recuperar”, expresó con profundo dolor.
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La afectada recordó que su caso se originó por una “cadena de fallas” institucionales que comenzó en un Juzgado de Paz que no la protegió de su agresor, continuó con una Fiscalía que mantuvo una postura sesgada y persistente a lo largo de todas las apelaciones, y derivó en un encarcelamiento injusto.
Asimismo, cuestionó las declaraciones de un miembro de la Corte Suprema que sugería controlar a los jueces civiles que fallan contra el Estado. “Lo que tienen que controlar desde la Corte es el funcionamiento de la Fiscalía y del Poder Judicial para no llegar a esto. Así nos evitaríamos todo”, replicó de forma tajante.
La “tozudez” de la Procuraduría y el camino a instancias internacionales
Por su parte, la abogada defensora Romina Rolón calificó como una “tozudez inexplicable” la decisión de la Procuraduría General de la República de apelar el fallo de primera instancia. Según relató la profesional, los argumentos del Estado para no pagar la indemnización son absurdos.
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“Supuestamente Lucía le debe agradecer al Estado paraguayo el estar libre, ser abogada y ejercer la profesión gracias a que ellos ‘actuaron bien’. Eso no es así, el calvario personal que ella sufrió fue inmenso”, sentenció la abogada.
Reveló que prepararon la estrategia legal con la mira puesta en tribunales internacionales. “Esta demanda se preparó pensando en este escenario de oposición. Seguramente vamos a tener que salir del país e ir a instancias internacionales. Ojalá la Procuraduría ponga fin al calvario de esta mujer”, enfatizó Rolón.
El legado del caso, leyes que hoy salvan vidas
A partir de su caso emblemático, se modificaron los protocolos elementales en los juzgados de paz, prohibiendo de forma definitiva que las víctimas de violencia sean las encargadas de entregar en mano las cédulas de notificación a sus propios agresores.
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Asimismo, el caso Sandoval impulsó modificaciones en el Código Penal y sirvió de base fundamental para la posterior aprobación de la Ley N.º 5777/16 de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia.
“Aún nos falta mucho trecho para sentirnos protegidas en este país, pero seguiremos confiando en las instituciones”, concluyó Lucía.
