En este municipio se denuncia que algunas viviendas estarían descargando sus aguas residuales directamente a las calles, lo que provoca malos olores, deterioro del espacio urbano.

Esta situación de falta de control del descargue de agua servidas en medio de la vecindad, preocupa a los lugareños del barrio San Miguel, específicamente los que están ubicados sobre la calle Monseñor Mercado, explicó una de las afectadas Ceferina Caballero.
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Los vecinos piden medidas urgentes de control y fiscalización, mientras se aguarda la puesta en funcionamiento del sistema de alcantarillado sanitario, cuya culminación está prevista en aproximadamente tres años.
Similar situación denuncian también los vecinos del barrio Virgen del Carmen, quienes se quejan porque las aguas servidas riegan un costado de la ruta PY01, en la zona de la curva de este municipio, dejando un mal aspecto al municipio, y es insoportable el olor nauseabundo que sale de uno de los locales comerciales del lugar.
Piden acercar denuncia a la Municipalidad
El inspector general de la Municipalidad, Pablo Chamorro, manifestó que la institución no registra hasta el momento denuncias formales sobre el vertido de aguas servidas en los barrios San Miguel y Virgen del Carmen, por lo que instó a los afectados a acercarse a la comuna para presentar sus reclamos correspondientes.

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El funcionario explicó además que la Municipalidad no cuenta con un servicio de recolección de desechos domiciliarios líquidos.
Ante dicha situación dijo que la responsabilidad del manejo adecuado recae en cada ciudadano, quien debe disponer de una cámara séptica u otro sistema de tratamiento en sus viviendas.
Indicó que advertirán a los pobladores sobre la necesidad de contar con un registro adecuado de descarga de efluentes, ya que, en caso de incumplimiento, se podría proceder al bloqueo de las salidas de aguas servidas.
Chamorro recordó que en el distrito se inició hace aproximadamente siete meses la construcción del sistema de alcantarillado sanitario, cuya finalización está prevista en un plazo de tres años.
Mientras tanto, los pobladores deberán adoptar medidas alternativas para evitar la disposición de residuos domiciliarios en la vía pública.
