Ante las promesas de los candidatos a cargos municipales, así como del presidente Santiago Peña (ANR-HC), ciudadanos de San Lorenzo salieron al paso y pidieron que prometan menos y cumplan más. La crítica se debe al informe de gestión que presentó ayer el Poder Ejecutivo, así como a la rendición de cuentas del exintendente sanlorenzano, ahora candidato al rekutu, Felipe Salomón (ANR).
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Ciudadanos sanlorenzanos señalaron que las autoridades se llenan la boca informando sobre proyectos que realizaron, cuyos gastos fueron extremadamente exorbitantes y, sin embargo, los resultados dejaron mucho que desear.
Mencionaron que se ejecutó una gran cantidad de obras licitadas, cuyos montos fueron extremadamente altos. Sin embargo, las calles están destrozadas.
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La calle Primer Poblador y 14 de Mayo es un claro ejemplo de la postergación de las calles. Este lugar se encuentra a pasos del Hospital General de San Lorenzo.
Las calles del microcentro, en su mayoría, presentan un visible deterioro, a pesar de que fueron recapadas. La calle barrial Moisés Bertoni, que une la ciudad de San Lorenzo con Ñemby, está en pésimas condiciones. Lo llamativo es que, del lado de Ñemby, la calle ya fue recapada.

Entre los trabajos sobrefacturados se encuentran las mejoras realizadas en torno a la Catedral de San Lorenzo, que costaron G. 12.000 millones para el cambio de pavimentos e inclusión de equipos de gimnasia, luminarias y asientos. Además, los trabajos de readecuación del Cementerio Municipal de San Lorenzo, donde el gasto fue de G. 1.852.400.131 para la construcción de murallas, veredas, casillas y baños.
También, entre otras denuncias, indicaron que la remodelación de la ciclovía costó G. 15.000 millones. Del monto total, la Municipalidad financió G. 10.000 millones, mientras que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) aportó G. 5.000 millones.
Por otro lado, la Municipalidad contrató a varias empresas para el empedrado de casi 500 cuadras de calles, de las cuales no se concretó ni el 50 % de lo licitado. En este caso puntual, la comuna debía pagar la suma de G. 26.000 millones de manera plurianual.
