El 6 de mayo del 2025 el juez penal de garantías N° 11 Yoan Paul López declaró operada la prescripción de la lesión de confianza, con relación a Rafael Augusto Filizzola Serra, actual senador por el Partido Democrático Progresista (PDP) y ex ministro del Interior, a través del Auto Interlocutorio N° 371. Esto por las supuestas irregularidades en la reparación de 24 comisarías del área metropolitana.
La fiscala Silvia González Vester formuló apelación general el 13 de mayo de 2025 contra ese fallo. Ante la falta de resolución en esta causa penal, la agente del Ministerio Público presentó este 13 de julio un escrito instando a la máxima autoridad judicial que destrabe el caso.
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Señaló en su escrito la fiscala González Vester que, “desde la interposición del recurso, hasta la actualidad, el trámite ha sufrido sucesivas dilaciones como consecuencia de recusaciones, inhibiciones y cuestiones de competencia, las cuales incluso debieron ser resueltas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal”.
En su escrito, la fiscala también refiere que por AI N° 169, del 11 de junio de 2026, la Sala Penal de la Corte dispuso la remisión inmediata de los antecedentes a la Secretaría del Tribunal de Apelación Penal, Primera Sala, para la reasignación de la causa con los miembros naturales de esta sala.
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Esto fue en atención a que la camarista Adriana Giagni, había expuesto su desacuerdo para intervenir en la causa, indicando que los expedientes correspondientes a la Primera Sala debían ser resueltos por los jueces naturales que habían sido designados por la Corte.
Caso comisarías: conflicto de competencia traba proceso
El camarista Mario Camilo Torres Leguizamón se inhibió de analizar el expediente y, entonces fue integrada la camarista Adrina Giagni, quien el 24 de junio de 2026, impugnó el apartamiento de su colega. Esto, para la Fiscalía, significa actualmente un obstáculo procesal que a la fecha no puede resolverse y, por ende, la apelación sobre la prescripción de la acción penal tampoco puede ser estudiada.
Como consecuencia de dicha impugnación de Giagni, el 26 de junio de 2026, el camarista Paublino Escobar, único integrante de la Cámara que aceptó estudiar el recurso, remitió otra vez los antecedentes del caso a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que resuelva la impugnación de la inhibición, y determine la competencia de los magistrados sobre esta causa.
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“En atención a las reiteradas inhibiciones, recusaciones, cuestiones de competencia y, recientemente, a la impugnación planteada”, el recurso de apelación hasta hoy no puede ser estudiado, cuyo agravio principal según expuso la Fiscalía versa sobre la prescripción de la acción penal”, refiere el escrito de la fiscala González Vester.
Por esta situación que se presentó, es que la representante del Ministerio Público solicitó respetuosamente a la Corte que arbitre las medidas necesarias para lograr la pronta integración del tribunal competente y el dictado de la resolución que en derecho corresponda”.
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Este conflicto de competencia entre camaristas se encuentra en poder de la Sala Penal de la Corte desde el mes pasado, y hasta hoy no hay resolución al respecto.
La causa por reparación de comisarías
Esta causa tiene relación con obras realizadas en distintas comisarías, adjudicadas en 2010 a la firma Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, por un total de G. 1.131.812.500.
Según contrato firmado el 2 de diciembre de 2010, las obras se iniciarían el 25 de enero de 2011 y debían concluir en 60 días en 23 comisarías y en 90 días en la comisaría 19ª, ubicada en barrio Jara.
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La empresa cobró el monto total el día fijado para el inicio de la obra, pero no la concluyó.
La fiscala Josefina Aghemo acusó a Filizzola y a Fernández, exdirector financiero del Ministerio del Interior, por lesión de confianza.
La fiscala peticionó salidas alternativas para los procesados Andrea Adle, exdirectora de Contrataciones del Ministerio del Interior, y para el propietario de Todo Verde y destinatario del millonario pago, Alejandro Giménez.
Para Rafael Filizzola no se cumplió plazo para la prescripción, según la Cámara
El Tribunal de Apelación, integrado por José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Gustavo Ocampos, realizó el cómputo de plazos y alega que descontando el periodo de suspensión (5 años 5 meses 20 días) por la acción de inconstitucionalidad que planteó el exministro Filizzola se llega a 5 años y 8 días corridos, por lo cual consideran que no se cumplió el doble del plazo para la prescripción (10 años).
Este caso tiene que ver con la contratación de la empresa Todo Verde Emprendimientos, de Alejandro Apolonio Giménez, que debía realizar refacciones en comisarías de todo el país.
La firma en cuestión recibió un monto total de G. 1.131.812.500, pero no completó los trabajos a cabalidad.
Inclusive, pese a las irregularidades, el 26 de abril de 2011 fue aprobada la ampliación del contrato Nº 79/10 por el monto de G. 219.860.772, pero esta adenda ya no se llegó a pagar.