Tras décadas de impunidad y el cumplimiento de un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), el Estado paraguayo reconoció formalmente su incapacidad para sancionar a los autores morales y materiales del asesinato del periodista Santiago Leguizamón.
Aunque el acto fue recibido con satisfacción por los familiares, la jornada estuvo marcada por una tajante postura política que dejó en evidencia la profunda desconfianza hacia el actual esquema de gobierno.
De manera deliberada, los organizadores exigieron que ni el presidente de la República, Santiago Peña, ni los legisladores participaran del evento oficial.
Al respecto, Dante Leguizamón -hijo de asesinado Santiago Leguizamón- fue categórico al justificar la ausencia de las altas esferas del Ejecutivo y del Parlamento: “Nosotros queríamos y pedimos que sea la Corte y el fiscal general del Estado los que estén en el acto”, enfatizando que el objetivo era evitar que la ceremonia se convirtiera “en una cuestión más política que no nos interesa”.
La decisión de marginar a los representantes del Poder Ejecutivo no es casual. Leguizamón reafirmó las sospechas que su familia sostiene desde hace años sobre los nexos entre la política partidaria y el crimen organizado en la zona norte del país.
“Nosotros, y como ustedes saben, lo venimos diciendo hace mucho tiempo, el equipo que hoy gobierna es un equipo que está muy ligado al equipo que ordenó el asesinato de Santiago y eso lo seguimos sosteniendo y no ha cambiado absolutamente nada”, sentenció.
a Seguido aseguró: “Sabemos quiénes mandaron asesinar a Santiago y sabemos quiénes eran las personas que estaban en Pedro Juan y cercanas a esas personas”.
Rechazo al proyecto oficialista de protección
Leguizamón también cuestionó duramente la normativa impulsada por el sector oficialista (el cartismo) sobre la protección a trabajadores de prensa. Advirtió que la propuesta es una que “no cumple con los estándares de derechos humanos, que no cumple con los estándares de protección de periodistas, que no incluye a las personas defensoras de derechos humanos y que realmente no cambiaría ninguna realidad”.
Frente a esto, propuso retomar el debate sobre un proyecto construido de manera participativa con gremios y sociedad civil. “Necesitamos que el proyecto también tenga la intervención de varias instituciones con alto poder político porque si no, no van a cambiar esas realidades”, subrayó.
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La tensión con las instituciones del Estado también se trasladó a la logística territorial. Leguizamón denunció que la Comisión Interinstitucional para el Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI) se opuso rotundamente a realizar un acto de disculpas públicas en Pedro Juan Caballero, bajo la excusa de gastos presupuestarios, a pesar de que los familiares se ofrecieron a autofinanciarlo.
“Realmente nos duele mucho porque creemos que la comunidad pedrojuanina también se merece un acto como el que tuvimos hoy aquí en Asunción”, expresó, recordando que Amambay es “la zona del país donde más han asesinado periodistas”.
Para la familia, la única manera real de honrar la memoria de Santiago y de los otros 22 periodistas asesinados en Paraguay es avanzar de forma genuina en la lucha contra la impunidad y en políticas públicas efectivas de prevención en todo el territorio nacional.
Santiago Máximo Leguizamón Zaván tenía solo 41 años de edad cuando fue emboscado y acribillado a las 12:15 del viernes 26 de abril de 1991.
El sicariato se produjo en el lado paraguayo de la línea internacional, en pleno centro de Pedro Juan Caballero, aunque el periodista se dirigía al lado brasileño de la frontera, en Ponta Porã, para festejar en un restaurante el Día del Periodista.