A pedido del Ministerio Público se adelantó para el lunes 31 de agosto, a las 8:00, el juicio oral y público al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto y otros 10 acusados en la caso “Tía Chela”, que estará a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos presidido por Ana Rodríguez Brozón e integrado por Karina Cáceres y Yolanda Morel.
El fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta Dinamarca confirmó que solicitó por escrito al Tribunal de Sentencia el adelantamiento del juicio oral a Miguel Prieto y los demás acusados, que en principio se programó para este año y, por sobrecarga de trabajo del colegiado, se había postergado para el 5 de abril de 2027.
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“Atendiendo el plazo razonable solicitamos que se adelante el inicio del juicio oral, considerando que, si bien esta causa no es tan compleja, es de extensa producción probatoria, por lo que estimamos que duraría un año o más”, resaltó Corbeta.
El agente del Ministerio Público encargado de la causa puntualizó que las defensas de los acusados ofrecieron entre 150 a 300 testigos, quienes deben declarar ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos en el debate oral.
Acusación contra Miguel Prieto por caso Tía Chela
La acusación fiscal refiere que durante la pandemia por covid 19, específicamente en el año 2020, la Municipalidad de Ciudad del Este habría adquirido alimentos de manera fraudulenta por un valor de G. 2.949.650.000 mediante una licitación por excepción direccionada a la firma proveedora.
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Además del exintendente Miguel Prieto Vallejos, están acusados Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, Sebastián Martínez Insfrán, Maggi Fariña Almada, José Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Higinio Ramón Acuña, Cirle Alcaraz Ramírez, Nelson Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
Todos enfrentan cargos por lesión de confianza y asociación criminal, en el marco de un proceso penal por la compra de kits de alimentos que fueron distribuidos durante la pandemia.
Causa tiene tinte político, según Prieto
De acuerdo con el escrito del Ministerio Público, se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron realizadas con posterioridad a las fechas de recepción que figuran en la documentación oficial de la Municipalidad de Ciudad del Este, por lo que se concluyó que la empresa no contaba con los productos al momento de ser adjudicada.
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La fiscalía también sindica a los acusados, de ejecutar la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de alimentos no revestía la urgencia argumentada, por lo que debió adjudicarse mediante licitación pública.
Miguel Prieto aseguró en reiteradas ocasiones que el proceso penal en su contra es político y no judicial, con el objetivo de truncar su candidatura a la Presidencia de la República, en el 2028.