El estadounidense Nathan Seastrand, conocido en las redes sociales como el “Yanquiguayo”, emitió un comunicado para defenderse de las denuncias que lo señalan por supuestamente buscar contacto no autorizado con la comunidad ayorea totobiegosode y colocar cámaras trampa para registrar su presencia.
El caso tomó alcance público luego de que el biólogo y youtuber lituano Romualdas Šapoka, apodado “Don Šapoka”, publicara un video en el que revelaba detalles sobre el proyecto documental que Seastrand impulsaba en la zona de Alto Paraguay.
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A estas críticas se sumaron los reclamos del propio pueblo Ayoreo Totobiegosode y las observaciones del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), organismos que confirmaron que el realizador no cumplió con el protocolo de consulta previa ni con las normativas de protección territorial obligatorias.
Esta es la versión de Seastrand
A través de la nota junto a su productora Deep Jungle Studios, Seastrand rechazó haber recurrido a engaños, alcohol o coacciones para acceder a los territorios indígenas. Aseguró que lleva más de doce años residiendo en el país y actúa dentro de la legalidad.
Respecto a las cámaras trampa instaladas en el monte, sostuvo que la meta principal siempre fue el avistamiento de fauna silvestre, en particular yaguaretés.
“Como a muchos apasionados por la naturaleza, siempre nos ha parecido interesante conversar sobre la posibilidad de registrar a un grupo Ayoreo en aislamiento voluntario. Sin embargo, siendo realistas, la probabilidad de que eso ocurra es prácticamente de una en un millón. Es más probable sacar una foto del Pombero”, aseveró el “Yanquiguayo”.
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Según su comunicado, captar imágenes de forma no invasiva en el monte “no es ninguna ilegalidad”.
El documentalista sostuvo que las acusaciones en su contra surgen de antiguas diferencias profesionales e intereses económicos dentro del cine independiente. No obstante, las explicaciones de Seastrand tropiezan con la indignación de las comunidades locales, que vienen alertando sobre la utilización de imágenes no autorizadas de parientes fallecidos y la falta de respeto a sus autoridades tradicionales.
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Violación de protocolos y el llamativo aval de fondos públicos
El abogado del pueblo Ayoreo Totobiegosode, Tagüide Picanerai, denunció que las incursiones del equipo audiovisual vulneran abiertamente el Protocolo de Actuación, Prevención y Contingencia (PNCAT), una herramienta jurídica diseñada de forma exclusiva para salvaguardar la vida, el territorio y la salud de las familias que viven sin contacto con la civilización occidental.
Por su parte, el asesor jurídico del Indi, Juan Mallada, remarcó que existe un decreto presidencial que exige un proceso estricto de consulta previa, libre e informada antes de encarar cualquier proyecto en tierras nativas. “El ciudadano jamás solicitó eso a la institución”, confirmó el representante legal.
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El matiz más llamativo de este escándalo radica en el financiamiento estatal que rodea al proyecto. A pesar de los reclamos y la falta de permisos oficiales del Indi, el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), dependiente de la Secretaría Nacional de Cultura, aprobó en 2024 recursos públicos para la producción del documental titulado “Los últimos ayoreos”.