El conflicto en torno al emblemático Teatro El Molino, de San Ignacio, departamento de Misiones, sumó una nueva respuesta. En el sitio, tenía su taller y depósito el fallecido artista plástico Delfín “Koki” Ruiz.
César Zotti y su representante legal, el abogado Pedro Wilson Marinoni, emitieron un comunicado en conjunto en la que cuestionan las declaraciones emitidas por la Junta Municipal de San Ignacio y la Junta Departamental de Misiones, que expresaron su respaldo a la protección cultural e histórica del inmueble.
La Junta Departamental declaró al inmueble “de interés cultural e histórico departamental”, luego de que Norma Fretes, viuda del reconocido artista “Koki” Ruiz, solicitara la intervención de las autoridades para salvaguardar el lugar y las obras y pertenencias que dejó el artista.
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Declaración de junta es solo enunciativa
En un comunicado, compartido este 12 de agosto, Zotti y Marinoni sostienen que la declaración departamental “solo tiene un efecto enunciativo”, debido a que existe una medida cautelar dictada dentro de un juicio de reivindicación sobre el inmueble.
“Existiendo una medida cautelar dentro de un juicio de reivindicación no podrán cumplir el objetivo trazado salvo que persistan en violentar la propiedad privada”, señala el comunicado.
El comunicado menciona el proceso de reivindicación que enfrentan con la familia del artista, iniciado en 2024. Según la representación legal de Zotti, el expediente contiene la documentación relacionada con el dominio del inmueble y, el 28 de octubre de 2025, el juzgado dispuso como medida cautelar la prohibición de innovar y la anotación de litis.
Los representantes de Zotti sostienen que, mientras esta medida se encuentre vigente, las autoridades no podrían avanzar sobre el inmueble en contradicción con lo dispuesto judicialmente.
Zotti sostiene que adquirió la finca en 2001
En el comunicado, Zotti afirma que la propiedad fue adquirida en 2001 de Egidio Ruiz, en San Ignacio, Misiones.
Según su versión, en el inmueble el fallecido artista Koki Ruiz instaló su taller, al que denominó “El Molino”. La representación de Zotti sostiene que el artista nunca fue propietario del inmueble y que existió un contrato de arrendamiento firmado en 2008.
El comunicado agrega que durante años no se habrían abonado los alquileres ni determinados impuestos correspondientes al inmueble. Según indica que, conforme al contrato mencionado, la suma pendiente superaría los G. 500 millones.
Niegan que exista un desalojo
Zotti y Marinoni también rechazan que actualmente se esté produciendo un desalojo de la familia de Koki Ruiz.
En el documento, califican de incorrecta esa interpretación y sostienen que el reclamo consiste en la devolución de un inmueble que, según la documentación que dicen poseer, pertenece a Zotti.
Asimismo, mencionan otro inmueble denominado La Arcadia, que, según afirman, también habría sido cedido temporalmente y cuya devolución aseguran que continúa pendiente.
Defienden el derecho a la propiedad privada
Uno de los principales argumentos planteados en el comunicado es la protección constitucional de la propiedad privada. Sostienen que el reclamo por El Molino se está realizando por la vía judicial correspondiente.
En ese sentido, remarcan que la disputa debe resolverse dentro del proceso judicial y con base en la documentación presentada por las partes.
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Anuncian posibles acciones legales
Zotti también cuestiona lo que considera una campaña de desprestigio contra el empresario. Afirma que algunas expresiones difundidas en relación con el conflicto podrían constituir injuria y difamación. Además, advierte que, de continuar, podrían recurrir a los tribunales.
El comunicado también reclama a los medios de comunicación una cobertura que, según sostienen, sea objetiva y basada en documentación. La representación legal afirma contar con evidencias para eventualmente iniciar acciones civiles y penales contra quienes considere responsables.
El empresario, en su comunicado, cuestiona las declaraciones atribuidas a Norma Fretes sobre la relación comercial mantenida con el empresario y sostienen que cualquier derecho sobre el inmueble debería acreditarse mediante documentos.