La posible aplicación de un 5% de Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la tirzepatida, un fármaco ampliamente utilizado para el control de peso, generó un fuerte debate en el sector farmacéutico.
La iniciativa fue analizada inicialmente por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), encabezada por Óscar Orué, tras un planteamiento impulsado por el diputado cartista por Caaguazú, Carlos Marcial Godoy.
Frente a esta propuesta, el doctor Óscar Vicente Scavone alzó su voz de rechazo y afirmó tajantemente que no existen argumentos sólidos para implementar dicha medida fiscal.
“Gravar un medicamento que combate el sobrepeso, la obesidad, que te mejora el colesterol, el azúcar, te disminuye la grasa, y no tiene efectos secundarios, es una cosa totalmente traída de los pelos”, sentenció Scavone.
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El empresario recordó que los medicamentos en general ya cuentan con un tratamiento impositivo diferenciado en el país, tributando una tasa reducida del 5%. Según explicó, esta facilidad tributaria es clave para que los tratamientos sean accesibles tanto para los pacientes como para los consumidores finales.
En cuanto al comportamiento del mercado, Scavone detalló que el crecimiento en las ventas de los inhibidores GLP-1, categoría a la que pertenece la tirzepatida, ha crecido en un margen moderado de entre 4% y 4,5%.
Consultado sobre la brecha de precios de este fármaco en comparación con países vecinos como Brasil, donde el costo es significativamente mayor, el doctor aclaró que responde a un factor regulatorio y de propiedad intelectual:
- En Brasil: El producto se encuentra fuertemente protegido por patentes vigentes.
- En Paraguay: El laboratorio fabricante (Eli Lilly) no presentó la patente local, lo que permitió una mayor libertad para el desarrollo y comercialización del producto en el mercado nacional.
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Para finalizar, Scavone remarcó que las autoridades sanitarias y económicas deberían enfocar sus esfuerzos en incentivar el uso de este tipo de tratamientos innovadores en lugar de pretender “castigarlos” con más tributos.
“A la larga, el resultado es un beneficio directo a la salud pública y un menor gasto para el Estado”, concluyó el referente del sector.