En una audiencia de imposición de medidas realizada esta mañana - en la que Helga Lizany Concepción Solís Gómez participó a través de medios telemáticos- los fiscales Ingrid Cubilla y Christian Ortiz se ratificaron en el pedido de prisión preventiva para la sobrina del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes. Es en la causa conocida como #LaMafiaManda, abierta a partir de la investigación fiscal derivada de los chats extraídos del celular del legislador colorado.
La Fiscalía sostiene la hipótesis de la participación activa de Helga Lizany en una estructura criminal vinculada al denominado “Clan Gomes”, dentro de la cual presuntamente habría desempeñado un rol de operadora de confianza y nexo estratégico con distintos funcionarios y agentes del sistema de justicia y de organismos de seguridad.
En este escenario, la imputada habría realizado gestiones e intermediaciones en causas penales, facilitando el acceso y la transmisión de información sensible, influyendo en actuaciones fiscales y judiciales y coordinando acciones que, conforme a la hipótesis fiscal, se habrían orientado a favorecer los intereses de la organización, dificultar investigaciones y procurar la impunidad de sus integrantes, siempre de acuerdo con la imputación de los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado.
Sobrina de Eulalio “Lalo” Gomes pidió arresto domiciliario con tobillera
La sobrina de “Lalo”, quien se presentó ante una sede policial de Pedro Juan Caballero en la noche del pasado martes 15, está procesada por la supuesta comisión de los hechos punibles de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condición funcional, y tráfico de influencias.
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Hoy, en la audiencia, el abogado defensor Jorge Aníbal Barrios solicitó arresto domiciliario para defendida y destacó la situación de funcionaria pública (funcionaria de la Fiscalía) de la misma, a modo de demostrar su arraigo en el país.
“(...) la misma cuenta con arraigo suficiente, la misma es profesional, es funcionaria pública por lo que para esta defensa considera que la misma puede ser beneficiada con una media menos gravosa que la prisión preventiva incluso la de arresto domiciliario con el uso de la pulsera electrónica a más del control aleatorio por lo que independientemente de los hechos que se le atribuyen en ese sentido se garantizaría el control sobre su persona y el sometimiento al proceso que se le sigue (...)”, argumentó Barrios.
La imputada solicitó al juzgado permiso para acudir a un centro médico privado bajo custodia policial, debido a un cuadro de gastroenteristis que tiene hace unos 10 días, y que se ha intensificado en los últimos días.
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Como la defensa manifestó además que la procesada tuvo una pérdida gestional, el magistrado ordenó la constitución inmediata de la médica forense de rurno del Poder Judicial, para realizar una inspección médica a la encausada. La profesional tiene un plazo de 24 horas para remitir el informe correspondiente al juzgado.
Peligro de fuga y de obstrucción a la investigación motivan prisión preventiva
Tras escuchar a las partes, Otazú resolvió decretar la prisión preventiva de Helga Lizany Solís, tras resaltar la existencia de los peligros de fuga y de obstrucción a la investigación. El magistrado estabelció que la mujer deberá cumplir la medida en el Departamento Contra el Crimen Organizado Nacional y Trasnacional de la Policía Nacional.
“(...) no puede soslayarse la naturaleza de las conductas atribuidas, las cuales, conforme a la hipótesis sostenida por el Ministerio Público, se habrían desarrollado en el marco de una estructura vinculada al denominado “Clan Gomes”, dentro de la cual la imputada Helga Lizany Concepción Solis Gómez habría desempeñado funciones de operadora de confianza y nexo estratégico con distintos funcionarios y agentes del sistema de justicia y de organismos de seguridad", explicó Otazú.
El juez resaltó que se le atribuye a la procesada la realización de gestiones, intermediaciones y coordinaciones en causas penales, el acceso y la transmisión de información sensible, así como la intervención orientada a favorecer a personas vinculadas a dicha estructura, dificultar el desarrollo de investigaciones y procurar la impunidad de sus integrantes.
“En ese contexto, considerando la gravedad y naturaleza de los hechos atribuidos, la pluralidad de personas investigadas, los vínculos institucionales que presuntamente habrían sido utilizados y la eventual posibilidad de contar con contactos o medios que faciliten el ocultamiento o el abandono del país, se advierte que el peligro de fuga constituye un riesgo que debe ser especialmente valorado”, concluyó el magistrado en una parte del auto interlocutorio (AI) N° 344.
Todos los procesados en el caso #LaMafiaManda
Además de Helga Lizany Solís, también están imputados por la supuesta comisión de los delitos de asociación criminal, frustración de la persecución y ejecución penal agravado por la condicional funcional, omisión de funcionario encargado de prevenir y tráfico de influencias las siguientes personas :
- Hugo Derlis Baptista Báez, de 56 años, agente especial supervisor general y actual director general de la Dirección General Antidrogas de la Senad.
- Cristian Porfirio Amarilla Cabaña (48), agente especial prefecto y actual director de la Dirección de Inteligencia de la institución antidrogas.
- Alicia Marlene Vázquez Samaniego (43), agente especial subinspector y actual jefa del Departamento de Investigación del Crimen Organizado de la Senad.
- Aldo Osmar Pintos Martínez (50) coronel del Ejército Paraguayo, excomandante de las Fuerzas Especiales de la Senad y últimamente destinado en el Comando Logístico de las Fuerzas Militares.
Con excepción de Hugo Baptista -quien tiene orden de detención y permanece con paradero desconocidos- los demás tienen prisión preventiva desde ayer, por disposición del juez Otazú, en su carácter de interino del juzgado Especializado en Crimen Organizado, cuyo titular es su colega Osmar Legal Troche.