El exfiscal de Emboscada Bernardo Javier Elizaur Aguirre (56) y su asistente Lilian Andrea Florenciano Alfonso (39) afrontarán audiencia preliminar el 28 de octubre desde las 8:30, ante el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1 Humberto Otazú, en el marco del proceso por un presunto “apriete fiscal”.
La fiscala Yeimy Adle, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó a Elizaur y a Florenciano el pasado 9 de octubre por el hecho punible de cohecho pasivo agravado (coima) y solicitó que la causa en la que están involucrados se discuta en el ámbito de un juicio oral y público.
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El entonces fiscal Bernardo Elizaur fue imputado el 13 de octubre de 2025, en un procedimiento de entrega vigilada de los G. 7.000.000 que había solicitado supuestamente a una mujer, a fin de que el fiscal se allane al pedido de la suspensión condicional del procedimiento hecho por el marido de la misma, en el marco de un proceso por lesión grave.
El pedido de dinero se dio en el marco del trámite de una causa contra Mauricio Soel Méndez Gómez por supuesta lesión grave cometida sobre Sergio Gabriel Moray Sánchez, iniciada el 11 de marzo del 2025. El pago de dinero, inicialmente fijado en G. 7.000.000 pero que luego trepó a G. 10.000.000, fue a cambio de que el fiscal no acuse y luego para allanarse a una suspensión condicional del procedimiento por dos años.
Asistente fiscal de Emboscada coordinó escandaloso apriete
El 11 de marzo del de 2025, Mauricio Méndez habría agredido a Sergio Moray con la culata de un arma de fuego a la altura del rostro y del hombro. El hecho llegó hasta la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía Emboscada, a cargo de Bernardo Elizaur, quien el 21 de marzo imputó a Méndez sin contar con diagnóstico médico ni dictamen forense.
En tal sentido, el juzgado había fijado como fecha para presentación del requerimiento conclusivo el 21 de septiembre de 2025.
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En ese contexto, y a solo 3 días de la fecha para presentar conclusión de la causa, la asistente fiscal Lilian Florenciano retomó contacto con la abogada Corazón de María Corrales, quien ejercía la defensa de Mauricio Méndez, consultándole “cuánto es lo que podrían ofrecer por la provisional dice”, con relación a que el fiscal pida el sobreseimiento provisional a cambio del pago de una suma de dinero.
Corrales le había informado que la familia del imputado intentaría llegar a la suma de G. 5.000.000, sin embargo el pedido del fiscal Elizaur era de G. 7.000.000, según le manifestó Lilian Florenciano a la abogada defensora, de acuerdo con lo que se expone en la acusación fiscal.
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En otra oportunidad, Florenciano le envió la foto de la pantalla de su monitor donde estaba en proceso de redacción un pedido de sobreseimiento provisional, a modo de presión. Pero, como la defensa del incoado no entregó el dinero exigido, el fiscal Bernardo Elizaur presentó acusación con el señalamiento de que incluirían el dictamen forense y diagnóstico médico al momento de la audiencia preliminar.
Para el 15 de octubre de 2025 se fijó la realización de la audiencia preliminar. En este marco, se llevó a cabo una nueva negociación, pero la exigencia de G. 10.000.000 a cambio de que el fiscal pida la suspensión condicional del procedimiento por dos años.
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La abogada Corazón Corrales denunció esto al Ministerio Público y se planificó una entrega vigilada de los G. 7.000.000, cuyo pago se haría el 13 de octubre en el despacho del fiscal. Tras la reunión entre Corrales y Elizaur, luego de que Florenciano haya recibido el dinero, se llevó a cabo el allanamiento y la detención de los funcionarios fiscales.
Asistente usó cuenta de su hijo para recibir coimas, según Fiscalía
La acusación fiscal expone otros hechos escandalosos con relación a los procesados, Lilian Florenciano y Bernardo Elizaur, dentro de esta causa.
Uno de ellos refiere que, el 28 de junio de 2024, Lilian Florenciano abrió una cuenta bancaria en la entidad Ueno Bank, a nombre de su hijo de entonces 15 años, pero que se encontraba “a la orden de ella”. De hecho, según la extracción de datos del celular, se observaron conversaciones en las que ella enviaba a los abogados el alias de dicha cuenta, asociado al número de cédula del adolescente.
En las conversaciones que mantuvo Lilian Florenciano con abogados, cuyas causas se tramitaban en la unidad fiscal de Elizaur, era ella quien solicitaba el dinero, proporcionaba a los interesados el alias y recibía los comprobantes de las transferencias efectuadas.
Se resalta que esas transferencias y depósitos de dinero, estaban vinculadas a pagos por diligencias como notificaciones, constituciones, allanamientos, resoluciones y todo tipo de requerimientos.
Fiscal acusado por supuesto “apriete” pedía correcciones a abogados
Por otra parte, Bernardo Elizaur compartía con abogados particulares proyectos de requerimientos fiscales, correspondientes a causas sometidas a su decisión funcional y pedía que intervinieran en su revisión, formulando observaciones o modificaciones a los proyectos que después debían ser presentados institucionalmente por el fiscal.
Incluso se observó un caso de un proyecto de imputación.