La Corte Suprema de Justicia (CSJ), en sesión plenaria realizada este miércoles, resolvió remitir al Ministerio Público los datos de la auditoría ordenada por la Superintendencia de la Circunscripción Judicial de Concepción, a cargo del ministro Eugenio Jiménez Rolón, que constató 9 casos en los cuales se habría “blanqueado” vehículos de alta gama denunciados como robados en Brasil.
El esquema salpica a la ex jueza penal de Garantías de Concepción Honorina Ubalda Acosta; la actuaria Rossana Isabel Coronel y los fiscales Epifanio Anastacio Joel Díaz Ferreira y Celso René Morales Fernández.
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La decisión del máximo tribunal se da en atención a que Honorina Acosta actualmente ya está fuera del Poder Judicial, por lo que la investigación sobre la utilización de los vehículos de alta gama, en Paraguay, bajo la figura de depositario judicial, corresponde al Ministerio Público, según explicó Jiménez Rolón.
De acuerdo con lo detectado por la auditoría ordenada por la Corte, el modus operandi consistía en la entrega de vehículos de alta gama robados en Brasil, en carácter de depositario judicial, a efectivos de la Policía Nacional y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), simulando que los rodados fueron incautados en causas judiciales, que en realidad no existían.
Auditoría detectó 9 casos de “blanqueo”
En la sesión plenaria de la Corte del miércoles 9 de setiembre pasado, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Concepción Eugenio Jiménez Rolón, expuso parte de la auditoría relacionada al presunto esquema de blanqueo de vehículos robados en el Brasil e insertados al territorio nacional bajo la figura del depósito judicial.
Jiménez Rolón confirmó a sus colegas que de los 5 expedientes sospechosos, con la auditoría aumentó a 9 casos. Calificó la situación como llamativa, grave y absolutamente irregular la manera en que aparentemente el aparato judicial se movilizó a efectos del presunto blanqueo de vehículos robados en el vecino país y hacerlos pasar como legales ya en territorio nacional.
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“Llama la atención la forma en relación a las adjudicaciones de automotores en calidad de depositario judicial, dado que algún en algunas resoluciones eran en formato papel en fechas en que ya se encontraba operativo el expediente judicial electrónico”, había señalado el ministro superintendente.
Agregó que, de acuerdo con los datos recabados, el esquema consistía en inventar un expediente en formato papel, que obviamente no existía en los juzgados, en el que figuraba como incautado el vehículo de alta gama que se insertaba al territorio nacional bajo la figura de depositario judicial.
Jueza recibió vehículo como depósito judicial
De acuerdo con lo que había señalado por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, la auditoría constató un pedido firmado por la entonces jueza Honorina Acosta, pidiendo que se le entregue a ella un vehículo en depósito judicial, estando su cargo cubierto por un juez interino. Éste magistrado entregó a la jueza titular a quien estaba interinando el vehículo solicitado, según lo detallado por el ministro superintendente.
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“Son cuestiones verdaderamente escandalosas, presidente, que yo no podía dejar de poner en conocimiento de los ministros de la Corte, a pesar de que esto todavía está en trámite y supongo que en los días sucesivos surgirán otras novedades.”
El esquema de “blanqueo” de vehículos robados en Brasil se supo a partir de un procedimiento realizado en la ciudad de Fernando de la Mora, donde el suboficial de policía José Antonio Grance fue demorado tras un hecho de exposición al peligro en el tránsito terrestre.
Caso que salpica a policía motivó investigación
El uniformado estaba al mando de una camioneta Toyota Fortuner año 2019. El rodado circulaba con la chapa WHFZ868, que según los registros oficiales pertenece a otra camioneta con distinto número de chasis.
Cuando los intervinientes solicitaron los documentos del vehículo, Grance exhibió el Auto Interlocutorio Nº 256 por el cual supuestamente se le otorgaba la custodia judicial del rodado, en el marco de una causa por tentativa de feminicidio.
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Sin embargo, al verificarse en el sistema informático Judisoft y en los archivos físicos, se constató que el A.I. Nº 256 correspondía en realidad a una orden de allanamiento dictada en un proceso totalmente distinto por robo agravado y toma de rehenes.
Además, en la causa de origen no existía acta de incautación del rodado, ni registro del mismo en las cámaras de seguridad incorporadas al expediente.