Dos entidades bancarias transfirieron las sumas de US$ 11.000.000 y G. 25.000 millones a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico), por orden de la jueza de Ejecución Especializada en Delitos Económicos y Corrupción Sandra Kirchhofer, en el marco de la causa de Ramón González Daher, condenado a 15 años de cárcel por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa.
Este viernes 30 de octubre la magistrada hizo entrega a la Senabico de 12 Certificados de Depósito de Ahorro (CDA), correspondientes a dos entidades bancarias, que por orden de Kirchhofer, realizaron luego la transferencia del dinero a la cuenta de la Senabico. Al cambio actual del dólar (G. 5.790) los fondos transferidos al Estado totalizan US$ 15.317.789.
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Kirchhofer calificó esta actuación como histórica para la justicia paraguaya, por la magnitud de los recursos involucrados y su vinculación con una causa emblemática en materia de lavado de dinero. Asimismo, señaló que el caso figura en los registros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), según lo publicado en la página web del Poder Judicial.
“Esta es una muestra de que la justicia no solo impone sanciones de penas privativas de libertad, sino que también privamos de los beneficios del delito, tanto económicos como patrimoniales, a las personas que fueron condenadas por determinados hechos punibles”, destacó la magistrada.
La jueza de Ejecución del fuero especializado manifestó su deseo de que estos recursos sean administrados por el Estado de manera responsable, transparente y eficiente, en beneficio de la sociedad; e informó que aún quedan 15 CDA pendientes de transferencia y presentación ante el juzgado, en el marco de la causa de Ramón González Daher.
Comiso de bienes de Ramón González Daher
El usurero luqueño Ramón González Daher y su hijo fueron condenados por Sentencia Definitiva N° 515 del 10 de diciembre de 2021, dictada por el Tribunal Especializado en Delitos Económicos presidido por Claudia Criscioni (actualmente camarista) e integrado por las magistradas Yolanda Morel y Yolanda Portillo.
Además el Tribunal de Sentencia ordenó el comiso especial de los bienes del clan por G. 240.554.525.035 y US$ 11.711.977. Dicho monto es fruto de los intereses excesivos pagados por las víctimas de usura del clan luqueño.
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El fallo garantiza el resarcimiento económico a las víctimas de usura, de acuerdo al artículo 90 del Código Penal, que en el inciso 1º establece que “cuando el autor o el partícipe de un hecho antijurídico haya obtenido de este un beneficio, se ordenará la privación del mismo. No se procederá al comiso especial si ello perjudicara la satisfacción del derecho de la víctima al resarcimiento”.
Actualmente, Ramón González Daher y Fernando González Karjallo cumplen sus respectivas condenas en el Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza, en Emboscada, hasta donde fueron trasladados el pasado 2 de julio luego desde la Unidad Penitenciaría Industrial Esperanza, donde descubrieron que gozaban de privilegios como la tenencia de teléfonos celulares en sus celdas.
Víctimas de usura piden acelerar comiso
Armindo Vera Ferrer, víctima y representante legal de otros afectados por el esquema de usura de los condenados Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, cuestionó la lentitud con que avanza el proceso de comiso de bienes del clan luqueño, cuya sentencia por usura grave, lavado de dinero y denuncia falsa quedó firme hace más de 4 años.
“También debemos tener en cuenta las numerosas chicanas que han presentado y siguen planteando los defensores de los condenados; sin embargo, la Senabico ya está ejecutando con celeridad los remates de los inmuebles que ya están a nombre del Estado”, dijo Vera Ferrer en una entrevista a ABC, realizada a fines de agosto último.
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En consecuencia, el vocero de las víctimas de usura del clan González Daher pidió a la Justicia “que se ponga las pilas” e imprima celeridad al comiso de los bienes de los condenados, sobre todo los Certificados de Depósitos de Ahorro (CDA) especificados en la Sentencia Definitiva N° 515 del 10 de diciembre de 2021.