El domingo pasado, mediante una investigación periodística se evidenció que el Instituto Superior Paz Ambiental emitía títulos de contenido falso, acreditando así a supuestos profesionales por una suma determinada de dinero. Los títulos emitidos llevaban el sello del Instituto Santa Librada, propiedad de Verónica Antúnez de Alviso, jefa de área de IPS, en Asunción, quien ya esta imputada por la Fiscalía.
A raíz del escándalo el Ministerio de Salud recurrió a la Dirección de Registros Profesionales, órgano a través del cual identificó a 540 profesionales egresados del mismo instituto que trabajan en el Ministerio de Salud. Se conformó un comité que está investigando y tendrá que monitorear estrictamente a estas personas, que podrían tener que presentar un examen de competencia, aunque eso aún no está definido, explicó la asesora jurídica de la cartera de salud, Rocío Fernández, en contacto con el noticiero de ABC Color.
Dijo que estas personas enfrentarán un sumario, ya que podría darse que existan entre ellos alguno que haya podido comprar su título. Según Fernández no hay denuncias de mala praxis o sumarios anteriores a estos profesionales, pero tendrán que quedar apartados de sus labores normales durante 60 días que durará la investigación.
Los profesionales no pueden ser echados pues para ello se requiere que exista una causa penal contra ellos, lo que por el momento no existe, además de que resaltó la importancia de analizar caso por caso para no cometer injusticias.
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