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La titular de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Teresa Rojas, junto al ministro asesor en Transparencia e Integridad de la Presidencia, Carlos Arregui, remitieron el martes pasado una nota al presidente del directorio del Instituto de Previsión Social (IPS), Armando Rodríguez Franco, con una serie de recomendaciones.
El punto principal es la apertura de un sumario administrativo "a modo de dilucidar si los hechos pudieran o no configurarse como irregularidades o faltas al ordenamiento legal y vigente", indica el documento.
Por disposición del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se suspendió la licitación de IPS para la contratación del servicio de seguridad. Existían sospechas de un direccionamiento y una sobrefacturación en un contrato de G. 140.000 millones a favor de Security Service Technology (SST) S.A., de Óscar Chamorro Lafarja, según se denunció en una serie de publicaciones de ABC Color.
El llamado debe hacerse nuevamente, pero con recomendaciones de transparencia, anunció el Presidente. Además, el Ministerio Público ya inició una investigación sobre presuntos delitos.
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Rojas y Arregui le indicaron al titular del IPS que en el portal web de la Previsional no se informó quiénes son los integrantes de la comisión de evaluación que se iban a encargar de dictaminar sobre la oferta a ser adjudicada. Le recomendaron a Armando Rodríguez que, para el próximo llamado, no se olvide de dar a conocer la resolución que designa a los miembros del comité, a fin de cumplir cabalmente la Ley N° 5.282/14 de Acceso a la Información Pública.
Y como las presuntas irregularidades se dieron a conocer a través de la prensa, también se le pide al IPS que organice, en coordinación con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), una jornada de socialización del pliego de bases y condiciones para cuando se convoque nuevamente la licitación para el servicio de seguridad. El objetivo es que la sociedad civil se involucre, opine, recomiende y objete los puntos del pliego.
Otra recomendación de Anticorrupción es evitar un monopolio en la contratación de los servicios de seguridad que necesiten tecnología. Se pide que en el próximo llamado se detallen programas informáticos compatibles con varios sistemas operativos, a fin de evitar la dependencia a un único proveedor.
Asimismo, Contrataciones Públicas también hizo otras recomendaciones, aunque de aspecto más técnico, informó la ministra Teresa Rojas en una entrevista concedida a ABC Cardinal. Entre estas, por ejemplo, se plantea detallar los costos de cada rubro del servicio de seguridad para diferenciar cuánto se paga realmente por la cobertura del personal de seguridad y separar de lo que se paga por seguridad tecnológica, como cámaras de seguridad, había anunciado el titular de la DNCP, Pablo Seitz.
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Por su parte, Carlos Arregui, en comunicación con ABC Cardinal, explicó que el sumario es lo que corresponde en términos legales para poder aclarar la cadena de responsabilidades involucradas en el proceso cuestionado. Subrayó que llama la atención que ningún sindicato había puesto objeción en este caso antes de las publicaciones periodísticas. "Hubo como una especie de reacción tardía”, afirmó.
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Agregó que otra de las sugerencias específicas tiene que ver con se emplee una aplicación tecnológica para que los guardias cobren por una red bancaria que permita cruzar los datos, de modo a saber si ellos reciben ese dinero que se hace figurar. Esto guarda relación con la denuncia de muchos de estos trabajadores que sostienen que son mal pagados, además de otros tipos de irregularidades en sus condiciones laborales.
El presunto negociado en el IPS derivó también en la pérdida de investidura de Dionisio Amarilla (PLRA, llanista) como senador de la nación. El entonces legislador trató de mediar para sobornar a un periodista y "desinflar las publicaciones" que denunciaban el direccionamiento.
Tras salir a la luz el intento de tráfico de influencias para ayudar a la empresa SST, la mayoría de los senadores resolvió expulsarlo del Congreso.