La causa que lleva adelante el fiscal anticorrupción Igor Cáceres será verificada, por orden del fiscal general Javier Díaz Verón, inmediatamente después de destaparse otro escándalo de presunto tráfico de influencias que vincula al funcionario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández Lippmann.
La tarea estará a cargo de Jorge Lebedich, director de Control y Gestión Fiscal, quien analizará las actuaciones del agente del Ministerio Público y si estas respetan las garantías del debido proceso, ante indicios de irregularidades en el proceso mencionado, según el audio que se dio a conocer en las últimas horas.
La grabaciones recogen conversaciones de Lippmann con la fiscal Nadine Portillo y el abogado Carmelo Caballero, uno de los denunciantes en el litigio en cuestión. De acuerdo al material Lippman, pretendía que la agente del Ministerio Público proceda a imputaciones y desestimaciones a efectos de dilatar la resolución del conflicto por unas 480.000 hectáreas, situadas en el departamento de Alto Paraguay.
Las sopechas apuntan a que mediante la presión ejercida por el funcionario del Jurado, se trasladó la causa al fiscal Igor Cáceres, cuyas actuaciones precisamente serán autidatadas por instancias superiores.
El audio revela de igual manera la comunicación entre Lippmann, con una de las partes implicadas, en este caso el exministro del Interior, quien ejerce la representación de la secta Moon, en ese sentido el propio Caballero reconoció haber recibido datos de importancia para la causa, específicamente la desestimación.
No es la primera filtración que afecta al secretario del senador González Daher, hace una semana atrás trascendió una conversación con la fiscal Karina Giménez, donde la mencionada exigía una salida favorable a su situación dentro del Jurado, teniendo en cuenta su suspensión
En el diálogo, la agente del Ministerio Público promete “trancar” un proceso judicial en que está involucrado el dirigente deportivo Ramón González Daher, un hermano del senador Óscar González Daher, actual presidente del Jurado, a cambio de su impunidad.
En este en particular también se ordenó una auditoría de gestión fiscal, a cargo del director de la citada instancia del Ministerio Público.