Funcionarios del Indert replican a Cárdenas

La administración actual del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ha sido cuestionada por el uso discrecional de más de US$ 21 millones en la construcción de sistemas de agua, obras que fueron repartidas a los políticos y amigos del Gobierno de Horacio Cartes, según se pudo corroborar. Así también, por varios casos relacionados a la distribución de lotes pero sobre todo, por el trabajo del catastro rural denominado Sistema de Información de Recursos de la Tierra (SIRT), que demandó hasta el año pasado US$ 5,1 millones.

Ahora, a todo esto se le suma el enfrentamiento con los sindicatos de trabajadores de la institución, Sintra y Sintibir, quienes se oponen rotundamente, al igual que gremios de campesinos y empresarios, a la intención de Cárdenas de que por una ley, el SIRT se convierta en una dependencia permanente del Indert.

Precisamente, funcionarios y campesinos han venido protestando y expidiéndose en contra del proyecto de ley de creación del SIRT, que está en la Cámara de Diputados, y en respuesta, Cárdenas convocó la semana pasada a una conferencia de prensa. En esa reunión, defendió los trabajos del catastro rural y dijo que no es posible hacerlos con los funcionarios (al margen del SIRT) porque en el pasado, ellos promovieron adjudicaciones irregulares violando el Estatuto Agrario.

Ante tales declaraciones, los funcionarios sindicalizados dijeron esta mañana que es fácil denigrar al funcionariado, mientras las autoridades enfrentan procesos penales por la comisión de aparentes delitos. “No somos los funcionarios de menor rango los que estamos siendo investigados por enriquecimiento ilícito”, dijo Lino Ávila, haciendo referencia al proceso que enfrenta Cárdenas.

En otro orden, mencionó que el titular del Indert a menudo menciona la acordada 84/98 de la Corte para justificar las acciones del SIRT, consideradas atropellos a los campesinos. “El SIRT nació para dar cumplimiento al Estatuto Agrario en concordancia con la acordada, un hecho histórico”, suele decir habitualmente.

Sin embargo, qué es exáctamente la acordada, se preguntó Ávila. Es sencillamente una disposición administrativa para que el Indert presente planos georreferenciados de colonias con discriminación de lotes titulados, no titulados o disponibles, se respondió. Agregó que desde 2006, en el ente se comenzó a comprar los equipos de GPS para el georreferenciamiento y ya se venía cumpliendo esa acordada, lo cual demuestra que el argumento de Cárdenas es engañoso. “Esa acordada nunca imposibilitó que el Indert expidiera títulos”, señaló.

A su vez, el abogado Silvio Villagra, de la oficina regional del Indert en Alto Paraná, resaltó la inconstitucionalidad del SIRT, al ser creado por una resolución sin tener en cuenta las leyes de creación del instituto ni del Estatuto Agrario. Ese catastro rural vino a reemplazar funciones de la misma institución, se quejó.

De acuerdo con lo señalado, Cárdenas se apartó del principio de legalidad al poner una resolución por encima de las leyes. Inclusive, a través de una circular dejó de lado trámites de títulos que estaban siendo gestionados vía expedientes.

Además, en muchos casos esta administración se apartó del debido proceso, acotó Villagra; por ejemplo, al adjudicar lotes sin verificar antecedentes del beneficiario; incluso, hubo casos en los que el SIRT entró a una colonia a relevar datos y acabaron en tres días, un plazo que es considerado demasiado corto para un trabajo de gran envergadura.

Para el presidente de la Asociación de Agricultores de Alto Paraná (Asagrapa), Tomas Zayas, Cárdenas no solo es responsables de todas las irregularidades mencionadas, sino que él es “la cara visible de la mafia de la tierra en nuestro país”.

Por su parte, el abogado Hugo Waldino Lovera, quien en representación de los funcionarios y campesinos ha presentado varias denuncias penales relacionadas al Indert y al SIRT, indicó que esos procesos están cajoneados en la Justicia. Lamentó que los agentes de la Fiscalía no sean expeditivos al revisar estos casos que afectan principalmente a los campesinos, precisamente en un país en donde la problemática de la tierra afecta a numerosos compatriotas.

Según Cárdenas, el SIRT es el "mayor legado" que deja el Gobierno en materia de reforma agraria, ya que a través de este catastro rural se entregaron más de 20.000 adjudicaciones (aunque solo 600 títulos).