El Consejo de Superintendencia de la Corte comprobó que en el despacho de Ayala Brun, cuyo cargo está interinando el juez Gustavo Amarilla, fue cajoneado un pedido de cooperación jurídica del Brasil para lograr la extradición del narcotraficante Chimenes Pavão, actualmente recluido en la Agrupación Especializada de la Policía.

El magistrado está suspendido desde octubre pasado por la Corte por intentar evitar el traslado del narco brasileño desde el penal de Tacumbú a la Agrupación Especializada, ante peligro de fuga en la penitenciaría que en principio lo albergada.

La Corte ordenó que los antecedentes de este caso sean remitidos al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Lo de Ayala Brun no sería el primer caso. Un exhorto de cooperación jurídica que envió Brasil en abril de 2015 contra el narcotraficante Jarvis Chimenes Pavão fue cajoneado por la jueza Patricia González por más de un año. El juez interino de su despacho, Paublino Escobar, descubrió de casualidad este y otros seis pedidos que nunca fueron tramitados, a inicios de este mes.

Patricia González está con permiso desde julio de este año, ya que acompaña a su esposo Roberto “Melcha” Melgarejo, quien se desempeña como cónsul general en Málaga, España.

Paublino Escobar, juez interino de su despacho desde agosto pasado, había comunicado esto a la Corte y solicitó una auditoría de siete exhortos, entre ellos el de Jarvis, que nunca fueron tramitados. Los mismos datan de 2009, 2014 y 2015, pero inexplicablemente nunca fueron cargados al sistema informático del Poder Judicial, y tampoco tienen cargo.