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Los senadores Carlos Amarilla, Enrique Bachetta, Blas Llano, Arnaldo Giuzzio, Mario Abdo Benítez, Desiree Masi y Pedro Arturo Santacruz, presentaron el anteproyecto denominado “Ley de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental” el pasado 10 de octubre.
En la ocasión, Amarilla había prometido que la legislación tendría media sanción antes de finalizar el año, sin embargo, faltando nueve días para el receso parlamentario, el proyecto de ley aún no cuenta con dictámenes de las comisiones pertinentes.
El activista Ezequiel Santagada, abogado del GIAI, instó a los senadores a tratar la normativa cuanto antes, ya que la misma está dirigida a aumentar la transparencia y disminuir la corrupción en el Estado.
La ley de Acceso a la Información Pública está basada en un modelo aprobado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en el 2010. La propuesta establece obligaciones mínimas de transparencia, que incluyen publicar presupuestos, ejecuciones presupuestarias, organigramas con nombres y apellidos, salarios de los funcionarios públicos y sus obligaciones, declaraciones juradas y viáticos desembolsados, entre otros. Además, estos datos deben estar disponibles en formatos accesibles.
La legislación se basa en el principio de máxima divulgación, lo que significa que es el Estado el que debe probar que una información no puede ser divulgada por cuestiones de seguridad pública y privacidad de terceros. También se basa en el principio de la gratuidad y contempla plazos y sanciones para el incumplimiento de las solicitudes de información, según el documento.
Esta normativa difiere de la ley impulsada por el defensor del Pueblo, Manuel Páez Monges, que incluye la figura “información reservada”, por lo que fue catalogada como “ley mordaza”.
Los recientes escándalos relacionados a la nómina de funcionarios que integran el Congreso –que incluyen familiares y amigos de los legisladores –demuestran la necesidad de reglamentar el Art. 28 de la Constitución.
La legislación presentada se basa en la propuesta de 22 organizaciones de la sociedad civil, miembros del GIAI, consensuada con los sectores interesados y presentada ante la ciudadanía en junio pasado.