Ley de información marcó un hito en Brasil

La ley de acceso a la información pública promulgada en Brasil marcó “un antes y un después” en la sociedad brasileña, indicó el experto Dr. Rafael Valim, quien además expresó su apoyo al anteproyecto presentado en Paraguay.

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“Fue un antes y un después para los brasileños. La sociedad ya siente las consecuencias positivas de la ley”, expresó Valim, consejero en Brasil de la organización Article 19, integrante de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información, durante una visita a la redacción de ABC Color.

Los brasileños cuentan una Ley de Acceso a la Información para obtener datos y documentos de interés público. La norma entró en vigor en mayo del 2011 y fue reglamentada en el 2012. Durante los primeros tres meses de su reglamentación, las autoridades federales recibieron 25.000 pedidos de información, evidenciando un enorme interés “reprimido” de la sociedad, explicó el abogado.

A partir de la legislación, la sociedad empezó a cuestionar salarios ilegales y gastos públicos excesivos, entre otras cosas, impulsando también la participación ciudadana. Esto se debe a que las instituciones públicas brasileñas están obligadas a divulgar toda información que concierne al manejo de la cosa pública, incluyendo organigrama de funcionarios de las instituciones y los salarios, viáticos y beneficios que estos perciben, ejecuciones presupuestarias, entre otros.

El experto en la materia explicó que el apoyo de la sociedad civil, los periodistas y del Gobierno mismo fue vital para la promulgación de la legislación y su posterior implementación, que implicó cambios en la infraestructura y en la organización de la información. La dificultad se centró en el ámbito municipal y de gobiernos locales, ya que éstos no contaban con los recursos necesarios para implementar los cambios de infraestructura.

En Paraguay, el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) presentó un anteproyecto de ley parecido al de Brasil, para impulsar el debate sobre la legislación. “Es una de las leyes más progresistas de la región”, explicó el abogado Ezequiel Santagada, director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), una de las 22 organizaciones miembros del mencionado grupo.

El grupo presentó la propuesta durante un foro donde dos expertos de Brasil y Chile hablaron de sus experiencias con la implementación de la legislación en sus respectivos países.

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