Los aché denuncian amenazas de muerte

CURUGUATY. Indígenas de la etnia Aché denuncian que reciben amenazas de muerte por parte de carperos armados que desde casi tres meses atrás se instalaron en precarios campamentos y, desde entonces, rapiñan sin parar añosos árboles de la finca 470.

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El abogado Eduardo Bernal, representante legal de los aché, lamentó el nulo respaldo del actual ministro del Interior para expulsar a los invasores, que sin piedad destruyen el hábitat natural de los nativos.

El líder aché Martín Achepuragi confirmó que durante un recorrido divisaron a personas con escopetas custodiando a los madereros que realizan el derribo de añosos árboles dentro del inmueble de 4.600 hectáreas, ubicado en el área de amortiguamiento de la reserva de la biosfera del Mbaracayú, reconocida como tal por la Unesco.

El nativo, en comunicación con ABC, aseveró que un indígena ava guaraní lo había alertado para que no ingrese con su grupo hasta el lugar donde se encuentran los motosierristas contratados por los madereros. El pasado domingo 5, periodistas de diversos medios capitalinos constataron la masiva tala de árboles y huellas recientes de camiones y tractores en picadas dentro de la propiedad, propiciada presuntamente por carperos que invadieron el inmueble, alentados a su vez presuntamente por madereros de la región.

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Achepuragi dijo que la amenaza de muerte de los carperos está dirigida, además, a periodistas y contra todos los que ingresan a la propiedad.

En la mañana de este martes, el abogado Eduardo Bernal presentó una nueva denuncia ante el fiscal Jalil Amir Rachid sobre el grave problema que atenta contra el medio ambiente y el peligro de vida que representa para los indígenas aché, legítimos dueños de la propiedad.

A su vez, el fiscal Rachid resaltó que “el requerimiento para el procedimiento para la expulsión ya fue enviado hace más de un mes al actual ministro del Interior, Carmelo Caballero, pero hasta el momento no existe respuesta alguna. No se puede hacer nada si no tenemos la fuerza sin la Policía”, recalcó el funcionario del Ministerio Público.

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El representante de los nativos puntualizó que, con su silencio e inacción, el Gobierno no hace otra cosa que alentar la deforestación y la invasión en tierras que pertenecen legítimamente a los indígenas.

Desde mayo pasado, unos 150 carperos liderados por un tal Arnaldo Rojas invadieron e instalaron precarios campamentos dentro del inmueble para forzar la adjudicación mediante la intervención del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert). Los carperos alegan que en el lugar se confirma un excedente de unas 1.000 hectáreas.

El líder campesino Arnaldo Rojas asegura poseer un informe pericial y croquis de delimitación de la finca 27 a nombre de Herminio Fernández Ibarra, firmado por el agrimensor Hugo Balbuena Araújo, como principal argumento para la invasión del inmueble ocupado hace una década. Existe sospecha de que unas 1.000 hectáreas estarían en manos de los nativos aché.

Entretanto, para el abogado Eduardo Bernal, el argumento de los líderes carperos está “muy gastado”. Aseguró que dentro de la propiedad no se registra ni un metro de excedente.

El inmueble de 4.600 hectáreas, conocido como finca 470, fue adquirido el 10 de diciembre de 2002 del ciudadano coreano Su Yen Sheng. Mediante el decreto Nº 19689, por el Poder Ejecutivo, el MOPC adquirió el inmueble en compensación por el daño causado debido a la pavimentación de la Ruta X “Las Residentas”. Se encuentra a unos 340 kilómetros al noreste de la capital del país.

Posteriormente, la propiedad fue desafectada a favor de la Secretaría del Ambiente (Seam), que a su vez entregó al Instituto Nacional del Indígena (INDI) para el usufructo de los indígenas aché.

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