El legislador se mostró preocupado por las sucesivas declaraciones de Portillo, que se convierten en blanco de críticas por parte de la ciudadanía. La última aparición, incluso, fue en un medio televisivo local.

“El diputado Portillo, a pesar de que se le advirtió, se le pidió como corresponde que no realice más declaraciones, sigue insistiendo y entonces llega el momento en que uno se da cuenta que no estamos remando todos en el mismo sentido”, afirmó Durand, en comunicación con Radio 1.000 AM.

El pedido de los diputados de que Portillo no converse más con los medios fue tras la polémica generada por sus supuestos siete títulos universitarios, que el legislador liberal defendió a sol y sombra, pese a que varias de las casas de estudio donde dijo haber cursado lo negaron.

En otro momento, señaló que “no se puede defender lo indefendible”, haciendo referencia a las denuncias por supuesto cobro indebido de viáticos por parte de los diputados Carlos Portillo y Jorge Baruja (ANR). Dijo que ellos mismos solicitaron a las bancas tomar las medidas disciplinarias correspondientes, que sería un mes de suspensión sin goce de sueldo, estimó.

“Prolongar esta situación perjudica a toda la Cámara, al Parlamento, y le perjudica a la democracia paraguaya. Parece que no estamos midiendo esto”, puntualizó.

El caso de Portillo y Baruja será analizado por la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados, a fin de dictaminar a favor o en contra de una sanción para ambos.

Según informes oficiales de la Cámara, Portillo recibió un viático de casi G. 20 millones para un viaje a Las Vegas, Estados Unidos, para participar presuntamente de un seminario sobre gasto público. Finalmente, no viajó porque llegó tarde al aeropuerto y devolvió el dinero, aunque recién después de que se hiciera público este hecho.

En tanto, Baruja viajó en enero a Cancún para participar supuestamente de un congreso mundial sobre menopausia. Sin embargo, el evento tuvo lugar tres meses después. El legislador también devolvió el dinero al hacerse público el hecho.

Las sanciones que establece el Código de Ética de Diputados, con base en el artículo 190 de la Constitución Nacional, pueden ir desde la amonestación verbal hasta la suspensión en el cargo por 60 días.