De esta forma, el Poder Ejecutivo veta parcialmente la ley, aprobada en el Senado, que obliga al Estado a pagar US$ 33 millones en concepto de subsidio que servirá para abonar sus haberes a jubilados de la Caja.
La legislación retorna al Congreso donde deberá ser estudiada en ambas cámaras que, anteriormente, habían aprobado el proyecto.
Según el decreto del Ejecutivo, cargar al Estado con esta devolución de contribuciones “carece de justificación” ya que, hoy en día, la Caja de Jubilados Bancarios puede cumplir con sus compromisos.
El Ejecutivo recuerda que la Contraloría General de la República realizó una auditoría al ejercicio fiscal 2010, constatando el “equilibrio financiero” de la entidad. Esta condición motivó la devolución de aportes que realizó la Caja a los jubilados, en base a resoluciones internas.
Explican además que las modificaciones, introducidas por la Cámara de Diputados en el Proyecto de Ley, apuntan a “debilitar la situación financiera y actuarial de la entidad”.
El pasado 4 de octubre, el Senado aprobó un proyecto de ley que modifica la ley de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios del Paraguay, proveniente de Diputados.
Los diputados habían aprobado un subsidio de US$ 33 millones y también rechazaron el aporte del 4% por parte de las intermediarias, por sobre las utilidades brutas para la conformación de un Fondo de Garantía.
Quedó como opcional que los funcionarios de financieras, casas de cambio y compañías de seguro aporten a la Caja de Jubilados Bancarios, y no al Instituto de Previsión Social (IPS).
El Presidente de la República, Federico Franco, ya se había expresado en contra del subsidio.