En sesión extraordinaria de la Corte, se dispuso la suspensión sin goce de sueldo del magistrado que atendió la causa que surgió a raíz de una investigación con ayuda de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Esta detectó la utilización de facturas falsas por un monto total de G. 1.602.837.350.819 (un billón seiscientos dos mil ochocientos treinta y siete millones trescientos cincuenta mil ochocientos diecinueve).

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De los 27 acusados, el juez Rubén Ayala Brun había dado dado sobreseimiento provisional a tres, mientras que benefició con la desvinculación definitiva de la causa a los restantes 24.

Esa investigación fue una de las más importante por el volumen de la evasión impositiva y la magnitud de la estructura delictiva. Sin embargo, el magistrado responsabilizó a la demora fiscal para beneficiar a los investigados. 

La actuación del juez generó una investigación tanto del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados como del Consejo de Superintendencia de la Corte a través de la Dirección de General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.