Consejero del IPS: "Hicimos todo bien"

Pese al escándalo que obligó a suspender la adjudicación de un millonario contrato en el Instituto de Previsión Social (IPS) para el servicio de seguridad privada, el consejero Juan Torales insiste en que hicieron "todo bien" y es "cuestión mediática".

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Se suspendió el proceso de adjudicación, que se dio "seguramente por un escándalo mediático, no es por otra cosa; porque nosotros hicimos todo bien, con el sistema de control, el órgano regulador de todo lo que hacemos es la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)", aseguró Torales, que insiste en defender la cuestionada licitación, en torno a la cual también se denunció un intento de coima al periodista que estaba publicando el caso y el presunto tráfico de influencias del senador Dionisio Amarilla (PLRA).

Torales, consejero electo en representación de los asegurados –que debería velar por los recursos de los mismos–, insistió en minimizar las críticas, pese a que incluso el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tuvo que intervenir para frenar el cuestionado proceso. 

"Hicimos todo bien. Seguramente, el pecado que tuvimos fue juntar los lotes de seguridad física con el sistema de las cámaras y todo lo que es el sistema de monitoreo", insistió Torales. Indicó que no hubo direccionamiento a favor de la empresa Security Service Tecnology (SST), de Óscar Chamorro Lafarja.

Como intento de defensa al proceso licitatorio, relató que tras varias idas y venidas con protestas incluso al pliego de bases y condiciones, finalmente se logró abrir los sobres y se presentó una sola empresa. No obstante, dijo que la falta de más oferentes no fue algo adrede, sino porque se requería compatibilidad con el sistema de monitoreo actual del IPS.

"Nosotros no podemos descartar lo que tenemos instalado, porque ese es un daño patrimonial. Porque la capacidad instalada que tenemos de las cámaras también tiene su costo, entonces lo que queremos es hacerlo compatible con lo instalado", comentó.

La defensa de Torales al proceso se da incluso pese a los serios indicios de que aparentemente se direccionó la adjudicación a una sola empresa, también, el costo presumiblemente sobrefacturado de G. 140.000 millones. A todo esto se suma un posterior escándalo de intento de soborno al periodista Juan Carlos Lezcano para intentar "desinflar" las publicaciones.

Lezcano recibió un sobre con G. 40 millones de manos de la productora publicitaria María Luz Peña, en cuya oficina el periodista se había reunido con Chamorro y el senador liberal Dionisio Amarilla. Peña diría más tarde que "se equivocó" de sobre, y que en realidad solo quiso pagarle a Lezcano G. 2.200.000, que equivalía a sus honorarios por trabajos realizados en su productora. 

De no ser ciertos los cuestionamientos, no se entiende que incluso la empresa denunciada recurra a las influencias del senador Dionisio Amarilla, quien fue filmado en la reunión donde se habló de los ofrecimientos al periodista para frenar las denuncias.     

 

 

 

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