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“Esta iniciativa de reducir los gastos salariales de ese nivel tan alto, sería muy saludable para el país. Sería una señal simbólica muy fuerte de equidad y justicia”, destacó el profesional.
La crítica de Rojas se acentuó en los salarios de los servidores públicos que “están alejados de la realidad del paraguayo y la paraguaya promedio” como los de los congresistas, los directores de las binacionales, de algunos entes públicos, asesores, consejeros y otros.
Los datos de la Dirección de Estadística, Encuestas y Censos revelan la inequidad salarial en nuestro país. Según manifestó el economista, el 50% de los trabajadores, incluidas las trabajadoras domésticas, están por debajo del salario mínimo. “De toda la población económicamente activa, el 50%, estamos hablando de más de 1.500.000 de trabajadores, están por debajo del salario mínimo, la otra mitad está ganando el mínimo o por encima” expresó.
Otro de los problemas de la clase trabajadora del país es la enorme debilidad institucional que no permite el cumplimiento de los derechos laborales. “Las estadísticas hablan de 29 fiscalizadores para verificar aproximadamente 70.000 empresas. No hay una capacidad de control”, declaró. También recalcó que esta situación se extiende al Ministerio de Hacienda con los controles de Tributación, marcada por la altísima evasión que se presenta.
Se refirió además a que en materia teórica las leyes del país son muy buenas en diversos ámbitos, pero que muchas veces son “letra muerta” porque el Estado no reglamenta, ni implementa, ni genera la institucionalidad necesaria para su cumplimiento.
El proyecto de ley presentado días pasados por el senador Paraguayo Cubas, que sugiere revisar los salarios de los políticos en general y que el sueldo de los funcionarios públicos elegidos en elecciones a no más de cinco salarios mínimos, unos G. 10.500.000, fue altamente rechazado por los senadores.
El salario mínimo en Paraguay, vigente desde el 1 de julio, es de G. 2.112.562. Los representantes de la Cámara Alta gozan de un sueldo de más de G. 30 millones, sin considerar los gastos de representación y otros beneficios que también perciben.