Lo más llamativo es que esta disposición de la Prefectura Naval Argentina aparece pocos días después de que la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables del país vecino, a cargo de Horacio Tettamanti, firmara un acuerdo bilateral en Asunción.

Por dicho acuerdo, firmado el pasado 16 de octubre, el gobierno argentino se comprometía a trabajar en conjunto con el gobierno de nuestro país en una serie de aspectos que facilitarían enormemente el transporte por la hidrovía Paraguay-Paraná.

Al respecto, el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), Guillermo Ehreke, señaló que “la resolución (de la Prefectura Argentina) sale nuevamente de contramano a lo acordado entre los dos gobiernos porque aduce razones de seguridad inexistentes”.

Agregó al respecto el titular del gremio naviero, que no se puede tomar como pretexto el tema de seguridad “ya que los convoyes navegan en un 90 por ciento fuera de los canales principales por donde navegan los buques marítimos”.

Ehreke manifiesta que se puede pensar que “su objetivo (de la Prefectura) es como siempre, obstaculizar la navegación a embarcaciones paraguayas”.

La medida argentina obliga a disminuir los convoyes en una dimensión que aparenta no ser muy considerable en los números pero que sí es bastante importante en el conjunto global del transporte en sus aguas jurisdiccionales. Con esto se elevarán los costos de operación de las embarcaciones paraguayas. La flota de bandera nacional, mayoritaria en la hidrovía, es la que sufrirá en mayor medida las consecuencias de esta decisión “totalmente unilateral e inconsulta”, según se adujo en esferas navieras paraguayas.

De acuerdo con lo señalado por Guillermo Ehreke, “la reducción se da en una proporción aparentemente irrelevante con respecto a la necesaria seguridad en la navegación”.

Sin embargo, en términos operativos generales, de la dimensión usual de 319 metros por 60 metros, se deberá pasar a 236 metros por 50 metros, lo que obliga a dejar tres barcazas Jumbo o cuatro Misisipí en un amarradero argentino.

Esta operación representa “un desmembramiento apreciable del convoy” y obliga “a utilizar prácticos o remolcadores argentinos para este tramo de la navegación por convertirse en cabotaje interno”, según informó el presidente de Cafym.

“El hecho es realmente grave –sostiene Ehreke– y nuestro gobierno debiera establecer inmediatamente una protesta diplomática por los perjuicios que esta medida generará al comercio exterior de nuestro país”.

Apenas firmado un acuerdo “muy provechoso” con la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, con miras a facilitar el transporte fluvial, aparece una resolución de la Prefectura Naval con una disposición que dificulta dicho transporte.

“Estas son las incoherencias con las que debemos convivir de manera casi cotidiana, y es imperioso que el gobierno nacional insista ante su par argentino para que haya acuerdos sustentables, cumplidos por todas las partes”, indicó el titular del gremio de los armadores nacionales.