La situación financiera de la Caja Fiscal pasa por un problema de sostenibilidad crítica. Su origen no es coyuntural, sino que reside en la génesis misma de su diseño: un modelo de reparto (los activos aportan para los pasivos) que hoy colisiona frontalmente con las finanzas públicas que se ven obligadas a financiar los déficits generados, con una perspectiva de convertirse en el factor importante dentro del déficit fiscal, que será persistente, si no, no existen soluciones definitivas.

El desequilibrio de un modelo agotado

En un sistema de reparto, los trabajadores activos financian directamente los beneficios de los pasivos. Sin embargo, este esquema enfrenta un desequilibrio creciente: cada vez hay menos aportantes para sostener a un número mayor de jubilados. Tres factores estructurales profundizan esta brecha:

• Edad de jubilación prematura: Existen casos de jubilación a los 45 años tras apenas 15 años de servicio, una distorsión que no se observa en prácticamente ningún otro lugar del mundo, lo que incide directamente en un número menor de aportantes activos.
• Tasas de reemplazo elevadas: Se otorgan beneficios que alcanzan el 100% del último salario, lo cual sobrecarga las arcas públicas, es como seguir manteniendo una plantilla de empleados activos siendo que ya están jubilados.
• Cálculo de haberes distorsionado: Al promediar solo los últimos 12 meses de salario para definir el monto jubilatorio, se incentivan incrementos salariales artificiales al final de la carrera laboral para inflar el beneficio.

A esto se suma el aumento de la esperanza de vida. Si bien Paraguay aún goza de una población joven, estos jóvenes se convertirán en adultos mayores en un sistema que hoy ya no puede garantizar su propia viabilidad.

Experiencias en países como España o Alemania demuestran que, sin ajustes, igual el modelo de reparto se volvió insostenible, ya ahora forma una parte importante de los presupuestos anuales, a pesar de haber subido la edad de jubilación a los 65 años.

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Hacia la administración profesional

La solución permanente y definitiva requiere un corte administrativo y financiero profundo. El camino propuesto apunta a pasar del modelo de reparto hacia el de capitalización individual, donde los aportes de cada activo se acumulan en un fondo propio, garantizando que su retiro esté totalmente financiado por su ahorro productivo.

No obstante, la reforma no es solo de modelo, sino de gestión. Es imperativo profesionalizar la administración de los recursos mediante la creación o reforma de los Comités de Inversiones.

Este órgano, regulado por la nueva Superintendencia de Jubilaciones, tendría la misión de colocar los fondos en activos que generen tasas de rentabilidad importantes, no solamente CDA en las instituciones financieras. Existen en la actualidad un sinnúmero de opciones de inversión con rentabilidades con niveles de riesgo muy bien distribuidos.

Solo mediante la existencia o generación futura de excedentes financieros se podrá mitigar el déficit actual y reducir la dependencia de los recursos del Tesoro Nacional.

Se acabó el tiempo

La reforma de la Caja Fiscal no puede postergarse más bajo el pretexto del costo político. El ejemplo de países como Bolivia, donde el sistema de reparto colapsó obligando a una transición acelerada, debe servir como advertencia.

Paraguay necesita migrar hacia un esquema de capitalización que sea financiable en el tiempo y que exija menos recursos del Estado, permitiendo que ese capital se destine a otras áreas críticas del desarrollo nacional.

La sostenibilidad del futuro de nuestros trabajadores depende de la valentía con la que hoy enfrentamos estos cambios, que deben venir con soluciones estructurales, no parches ni maquillajes.

*Abel Martínez | exministro de Economía de Bolivia