La variante “omega a la n”

La influenza española, que mató al unas cien millones de personas, según las estimaciones más abarcantes, sobre una población mundial de unos dos mil millones de seres humanos, 5% del total, tuvo su primera ola en 1918 y su cuarta ola en 1920, fue originada en variantes del virus H1N1.

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El covid-19 ya mató a unas seis millones, según la universidad John Hopkins de EE.UU., de una población que se acerca a ocho mil millones, menos del 1%.

La influenza es una afección viral que se caracteriza por la permanente evolución de sus variantes, lo que obliga a una modificación también permanente de las vacunas contra ella.

El covid-19 muestra un comportamiento semejante, producirá tantas variantes como sea posible imaginar. Periódicamente, como la influenza, el covid mutará, generando escenarios semejantes a los que tenemos con la influenza.

Las medidas sanitarias que se tomaron contra la influenza española podrían decirse parecidas a las que se están tomando para el covid, excepto porque a nadie, en las democracias de entonces, se le ocurrió, como ahora, cercenar el debate público sobre ellas, o sobre medicamentos a probar; ni se realizaron acuerdos secretos sobre precios de medicamentos; ni, mucho menos, se planificó a largo plazo la supresión de derechos humanos y constitucionales.

Nuestros derechos no dependen de las variantes de un virus. Sostener que las variantes de un virus determinan los derechos de la gente implica, contra la ciencia, degradar la condición humana y un absoluto desprecio por la democracia. Es propio de los totalitarios que nos consideran ganado.

Lo que hacen ahora, alentado por productores de vacunas y médicos y políticos vinculados, no tiene precedentes en el mundo democrático.

Por ejemplo, la promoción de segregación y discriminación por vacunas que se promueve a pesar de estar prohibidos por nuestra Constitución y las leyes.

El Artículo 68 de nuestra Carta Magna ordena que “Nadie será privado de asistencia pública para prevenir o tratar… pestes o plagas, y de socorro en los casos de catástrofes…”. Esta orden, obviamente, está en armonía con los Artículos 46 (“Todos los habitantes de la República son iguales… No se admiten discriminaciones. El Estado… impedirá los factores que… las propicien”) y 47 (“El Estado garantizará… la igualdad ante las leyes”).

La obligatoriedad de vacunación que dispone la ley 4621 de Vacunas no autoriza, ni podría hacerlo según nuestra Constitución, a segregar (separar o apartar), ni discriminar (tratar en forma desigual según la condición).

Aceptar, por la aparición de variantes del covid, la segregación y la discriminación que proponen los sinvergüenzas funcionales a los totalitarios, es cancelar la democracia, la libertad, la igualdad y la fraternidad pues tenemos variantes para rato y recién estamos en la “omicron”.

evp@abc.com.py

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