También se descubrió que Vera Báez sí tenía fondos para pagar el salario del personal de salud de este centro de salud, que se maneja a través de una comisión de apoyo. Desde abril que los trabajadores no cobran y el jefe departamental alegaba que Hacienda no hacía transferencias. Mintió.
Sin embargo, hasta el momento el interventor no dio signos de confirmar lo que denunció la Junta Departamental y que motivó la intervención: malversación de los US$ 2 millones de los fondos covid que se tenían que destinar para la reactivación económica. Es excelente que la intervención dé a conocer otros fatos del gobernador, pero tampoco debe dejar de lado el tema central: la ley aclara que la intervención se debe ceñir a los puntos denunciados.
Además, si bien sacar o no a Vera Báez del cargo es una decisión política de la Cámara de Diputados, además de votos tienen que haber razones que sustenten una destitución. O al menos, debería. Los concejales departamentales estaban seguros de que los días de Juan Carlos como gobernador estaban contados, pero ahora están decepcionados de los informes preliminares de la intervención.
A través de la prensa nos enteramos que Vera Báez repartió el dinero a comisiones integradas por sus propios funcionarios y se llegaron a presentar facturas falsas para justificar los gastos. Construyó un gimnasio y hasta instaló luces en un estadio con fondos covid. Hizo eso. Usó dinero que era para reactivar la economía para que Guaireña FC tenga luz cuando juegue contra Olimpia y Cerro. No hubo reactivación económica, hizo vito con el dinero público mientras la población de Guairá, como la del resto del país, estaba ahorcada por las consecuencias económicas de la pandemia.
Esto, lo que la Junta denunció, es lo que tiene que documentarse y ponerse a consideración de los Diputados. Hay razones suficientes para que Juan Carlos Vera Báez sea destituido, pero aún falta que el interventor con todo su equipo realmente haga su trabajo.