Ellos no votan

Consecuencia cierta del pésimo gobernar de quienes hoy se disputan nuevamente el poder, la niñez y la adolescencia esperan que sus necesidades sean atendidas. En medio de la actual novela político partidaria se negocian aumentos salariales para funcionarios públicos, pero no están en la agenda los fondos que urgen para garantizan los derechos de los niños.

No es para menos; los ojos de todo el país están puestos en los interesantes -y graves- ribetes que la contienda electoral va tomando a medida que las elecciones internas y generales se acercan.

Pero mientras en las altas esferas del poder pelean por quién es más significativamente corrupto que quién, hay otras cosas que se están definiendo y que marcarán el futuro inmediato del país, beneficiando a algunos sectores y permitiendo que otros sigan sumidos en necesidades. Por ejemplo, el presupuesto general de gastos de la Nación para el 2023.

En este contexto asistimos, por ejemplo, al acuerdo que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda firmaron con seis gremios docentes -mayormente a cargo de dirigentes afiliados al Partido Colorado- para garantizar que los maestros cobren el año próximo el último reajuste prometido para que alcancen el salario básico profesional.

Enhorabuena a los maestros, que se lo merecen. Pero hay necesidades que también urgen ser atendidas en un sector de la población que no vota, y a la que se acostumbra llamar de “futuro del país”, cuando es presente y cuya realidad muchas veces es lacerante. Es la niñez y la adolescencia, cuyos derechos están garantizados por Constitución Nacional, tratados internacionales y varias leyes, pero que no se cumplen por falta de presupuesto.

Uno de esos derechos es a una educación gratuita y de calidad, pero no hay dinero suficiente para que todas las escuelas estén en condiciones excelentes, con rubros para todos los maestros, kits de útiles completos, alimentación para todos, acceso a tecnología y demás. Tanta es la necesidad, que ninguna escuela pública paraguaya funciona sin el apoyo económico de los padres. O sea, no es gratis estudiar.

La ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, pone como ejemplo de falta de dinero la Ley de Adopciones, que crea un sistema fiduciario, pero no los fondos. Martínez resume todo en una oración propia de la administración pública: “No hay derecho sin presupuesto”.

Trasladado a otros ámbitos, tampoco se invierte lo necesario en salud, en prevención de abuso sexual y violencia familiar, en fortalecer comunidades en las que los niños viven en condiciones infrahumanas, ni en asistencia social para los chicos que salen a las calles porque sus familias no están en condiciones de darles estabilidad económica y/o contención emocional.

Mayormente, los chicos llaman la atención de la sociedad recién cuando son autores o víctimas de un hecho punible. Hasta entonces, parecieran ser invisibles. De ellos no se escucha su voz; ellos no votan.

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