No cuesta nada soñar un fiscal general mejor

La iniciativa de agilizar la designación del próximo fiscal general del Estado, que reemplazará a Sandra Quiñónez cuando esta culmine su mandato a fines de marzo del año próximo, es oportuna y sensata y puede ser la gran oportunidad de institucionalizar este organismo tan desprestigiado últimamente.

El senador Pedro Santa Cruz (FG), integrante del Consejo de la Magistratura (CM), es el impulsor de la idea de comenzar el proceso, que de hecho se inició esta semana, con la aprobación del reglamento del llamado a concurso para el cargo. El CM podría concretar la convocatoria los próximos días.

El objetivo, aprovechando que no existe impedimento legal ni constitucional, es que el CM concrete la conformación de la terna de candidatos antes del receso legislativo y, especialmente, antes de las elecciones internas del 18 de diciembre próximo que, con seguridad y cualquiera sea el resultado, agitarán el avispero político, con consecuencias impredecibles.

Una cuestión adicional que colabora para adelantar la designación de una nueva autoridad del Ministerio Público es que también el ministro de la Corte Antonio Fretes deja el cargo en abril de 2023, lo cual impulsará una negociación en base a esos dos cargos.

Sobre la elección del fiscal general, la costumbre de los últimos periodos es que el Poder Ejecutivo saliente, con la atribución que le da la Constitución para nombrarlo (con acuerdo del Senado), es que designe a alguien “que le cuide la espalda”. Así ocurre ahora, por ejemplo, con Sandra Quiñónez, que siempre ha evitado o tardado mucho para impulsar investigaciones que afecten al expresidente Horacio Cartes.

Obviamente, el actual presidente Mario Abdo Benítez querrá hacer más o menos lo mismo. No obstante, el escenario político actual se presenta favorable para elegir a un o a una fiscal con relativa independencia y capacidad para ejercer el cargo.

En el Consejo de la Magistratura, el oficialismo colorado no tiene mayoría, por lo cual necesariamente deberá llegar a un consenso que, en las actuales circunstancias, es improbable con el cartismo. Es más posible que sea con sectores de la oposición, con quienes ya acordó recientemente para las mesas directivas del Congreso.

Una situación similar se da en la Cámara de Senadores, que debe dar su acuerdo al candidato que designe el Ejecutivo. La mayoría en ese Poder del Estado la tienen los sectores de la oposición y eso también obliga al Ejecutivo a negociar.

No es descabellado creer que, en esta oportunidad, quienes integran el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores asumirán una postura patriótica y darán así el puntapié inicial para una auténtica renovación institucional.

Un Ministerio Público independiente, que no responda expresamente a un grupo político, puede comenzar a cambiar las cosas en el país. A esto, se le puede añadir que el próximo integrante de la Corte Suprema que reemplace a Antonio Fretes, sea electo tomando en consideración su formación y su honestidad.

Seguramente, habrá poderes fácticos e infiltrados en los poderes del Estado que buscarán impedir que algo comience a cambiar realmente, pero, con el clima optimista que instalaron en estos días los juegos Odesur, pensemos que, por esta vez, no lograrán sus propósitos.

mcaceres@abc.com.py

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