Pacto contra la democracia

La historia comenzó en marzo de este año en un céntrico hotel de Asunción.

Allí, un variopinto grupo de intendentes de todo el país anunciaba la presentación de un proyecto de ley para ampliar por un año los mandatos que les fueron conferidos en las elecciones del año pasado.

Como es lógico suponer, anunciaban que lo presentarían al Congreso con las firmas de todos los intendentes del país, a través de la particular ONG denominada Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

La historia finalmente se concretó en ocho meses, dentro de este año electoral.

Sin que exista ningún motivo de peso que justifique extender el mandato otorgado por el ciudadano en las urnas, el presidente y los congresistas decidieron alterar el sentido de las elecciones del año pasado al otorgar a los intendentes y concejales de los 263 distritos del país un año más de administración de los recursos de los contribuyentes municipales.

En setiembre fueron los diputados los que por mayoría aprobaron el proyecto con el argumento de que un artículo del Código Electoral establece que las autoridades municipales deben cumplir un período de cinco años.

En noviembre fueron los senadores quienes con una mayoría de 24 votos a favor y 12 en contra terminaron sancionando la ley, que pasó entonces al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

Esta semana el presidente permitió la promulgación de la ley. Lo hizo de forma vergonzante, al evitar pronunciarse para promulgarla o vetarla, con lo que esta fue promulgada automáticamente al vencer el plazo para tomar esa decisión.

Alegó que lo hizo para no enfrentarse al Congreso, ya que en este momento está interesado en que se sancione una ley con un presupuesto equilibrado para el próximo año.

“No es un trueque, simplemente no quiero estar enfrentado a cada rato. Tengo que elegir mis peleas, yo si hubiese sido congresista no hubiese votado por la prolongación de mandato porque considero que si a uno se lo votó por esa cantidad de años hay que respetar el proceso por el que uno fue electo”, argumentó Abdo, al explicar el motivo por el que permitió la promulgación de la norma.

El resultado es que desde hace unos días ya rige la ley que amplía el mandato de intendentes y concejales hasta el año 2026.

Todo conseguido rápidamente, a menos de un mes para las elecciones internas simultáneas, como si se tratase de un pacto multicolor para que intendentes y concejales de todo el país se involucren decididamente en el proselitismo a cambio de tener garantizado un año más de ingresos de todo tipo en la administración de los recursos de cada municipio.

Incluso el Tribunal Superior de Justicia Electoral, cuyos dos nuevos ministros tomaron el timón de la institución con un discurso de cambio y evolución, terminó aceptando la decisión política, pese a un primer discurso con el que advertían de una posible acción de inconstitucionalidad porque la ley implicaría una gran inversión de dinero público, ya que se realizarían elecciones durante tres años consecutivos, sometiendo al ciudadano a períodos muy extensos de campañas electorales.

Pero el pacto se concretó, y bajo la lógica de los hechos consumados se asume como normal un tema que ya va siendo subordinado en la agenda pública.

De fondo subyace esa sensación de que lo que uno decida en las urnas puede ser alterado como producto de un pacto por el poder, más allá de lo que nos recuerda el segundo artículo nuestra Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo.

guille@abc.com.py

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