La corrupción, el poder y la censura “legal”

En el Paraguay, la pugna entre el poder y la corrupción contra la prensa tiene hitos impactantes. Hubo tiempos en que tal pugna se definía a balazos o con arbitrariedades insólitas. En otras épocas se instauró la legalización de la censura junto con formas de persecución disfrazadas de interpretaciones constitucionales.

Un hito fue el asesinato, en diciembre de 1899, de Blas Garay, baleado por Néstor Collar, hijo de Mateo Collar, miembro del Tribunal Superior de Justicia, a quien Garay había criticado en su periódico, La Prensa, por supuestos actos de corrupción durante su actuación en otro cargo.

En las primeras décadas del siglo XX el periodismo pasó por extremas vicisitudes. Un recuerdo doloroso es el de Rafael Barrett, apresado y desterrado por el coronel Albino Jara, árbitro del poder en el Paraguay desde 1908. Pero fue tras la Guerra del Chaco cuando los gobiernos ya tomaron arbitrios más “institucionalizados” contra la prensa.

En 1936, durante el gobierno del coronel Rafael Franco, comenzó “el asedio al periodismo como sistema”, de acuerdo con José Fernando Talavera, inolvidable periodista y colaborador, durante ciertas etapas, de ABC Color.

Luis Verón, en su libro Las tintas del tintero: reseña y anecdotario de la prensa escrita en el Paraguay, nos recuerda que “Durante el gobierno franquista se produjo la primera apropiación de periódicos”, evocando la confiscación gubernamental de los talleres del diario El País, de Policarpo Artaza, quien a la vez fue deportado. Era un reflejo del totalitarismo vigente en ciertos países europeos como Rusia, Italia y Alemania.

El 10 de junio de 1940, el presidente de la República, José Félix Estigarribia (1939 – 1940), emitió el Decreto Ley 1776 de Prensa, que fue considerado directamente una mordaza total para el periodismo. El mismo imponía para la prensa: “Establecer sobre materias específicamente declaradas la prohibición de tratarlas, salvo en la forma que indique el Ministerio de Gobierno y Trabajo”. Esta fue la primera censura “legal” al periodismo en nuestro país. La disposición gubernamental señalaba taxativamente la amenaza de “tomar a su cargo (del gobierno) la dirección de la prensa sin afectar a su administración, y con indemnización de daños y perjuicios, si los hubiere”. ¿A quién iría a reclamar el propietario de un periódico los daños y perjuicios que hubiere?

Tras la muerte de Estigarribia, asumió el poder el general Higinio Morínigo, firmante del Decreto Ley 9351 del 22 de octubre de 1941 que creaba el Departamento Nacional de Prensa y Propaganda (DENAPRO), entre cuyos propósitos estaban “Centralizar, coordinar y fiscalizar la propaganda nacional y externa: por propaganda se entienden publicaciones de noticias referentes al gobierno”. Aquí se sepultó a la libertad de manera “legal”. Stroessner, a su turno, impondría el duro castigo al medio o al periodista que criticaran al gobierno.

El fallo del juez Wilfrido Peralta contra ABC se enmarca, entonces, en una larga historia de persecuciones al periodismo crítico. Pero queda algo incontestable: quienes persiguieron a la prensa desaparecieron todos. El periodismo continúa.

nerifarina@gmail.com

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