En Paraguay estos grupos incluyen organizaciones religiosas y otras político partidarias, propagan discursos de odio y reivindican ni más ni menos que el “derecho a discriminar”. Autodenominándose “pro vida” y “pro familia” presentan como una amenaza a quienes piensan diferente. A través de informaciones falsas generan confusión e infunden miedo en la población, algo que les conviene y lo están usando en el marco de la actual campaña proselitista.
En este ambiente turbio, la irracionalidad venció una batalla. Diputados aprobaron por mayoría un proyecto de Ley que plantea la derogación del convenio mediante el cual la Unión Europea (UE) dona 38 millones de euros para apoyar planes educativos. Del total, 22 millones van directamente a proyectos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), cuyo presupuesto está comprometido en gastos rígidos en un 80%. Sabemos que Paraguay no invierte lo necesario en educación. Decir que ahora lo hará, es mentir con descaro.
El proyecto de Ley se creó a pedido de los “pro vida” y “pro familia” que afirman, sin pruebas, que la Unión Europea tiene injerencias en el sistema educativo paraguayo y están disgustados con propuestas que promueven la inclusión de las minorías en el sistema educativo. Afirman, sin indicios, que los términos: inclusión, derechos e interculturalidad, son la “ventana” por donde se permitirá que las personas del colectivo LGBTI+ también tengan más derechos. Y consideran eso “peligroso”.
Lo ilógico del proyecto de Ley y su verdadero propósito se hacen demasiado evidentes en el actuar del senador y candidato al rekutu, Enrique Riera (ANR), hoy ideólogo de este proyecto, férreo opositor a lo que llegue de la UE y a la “ideología de género”, pero que siendo ministro de Educación en 2016 celebró, valoró y agradeció a la misma UE la firma del convenio.
La periodista Menchi Barriocanal salió a defender los necesario fondos e hizo responsables a los diputados de las necesidades que los niños pasarían en las escuelas de suspenderse el convenio. Esto dio paso a una abierta campaña de odio en contra suya.
Según TEDIC, el Discurso de Odio es “el que refleja modelos culturales que incitan a la violencia, ya sea a través de comentarios, insultos o agresiones verbales. También mediante amenazas o robo de identidad”.
Rebhecka de Lemos, en un trabajo sobre fake news realizado para Tedic cita tres “capas” del discurso de odio: “la educativa, mediante la enseñanza basada en prejuicios impartida desde las instituciones; la mediática, con los estereotipos aún difundidos a través de los distintos medios de comunicación y finalmente la digital, donde también se traslada la polarización y violencia”.
Lastimosamente, estos discursos de odio, que fomentan la segregación social, el racismo, la xenofobia y atentan contra de la libertad de expresión y los derechos humanos, seguirán dándose en nuestro país, que no considera delito la provocación al odio. Ni siquiera la Ley “Contra toda forma de discriminación” pudo avanzar.
En medio de los ataques que no cesan, suscribo la opinión publicada en 2019 por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres: “Debemos reaccionar ante el discurso de odio como ante todo acto doloso: condenándolo, negándonos a amplificarlo, contrarrestándolo con la verdad y alentando a los perpetradores a cambiar su comportamiento”.